Contempla reformas a 11 leyes y crear 3 nuevas para armonizar el marco normativo estatal con el federal; incorpora los delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito El gobernador Javier Corral presentó el conjunto de reformas a 11 leyes que propone el Poder Ejecutivo para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, lo que permitirá a Chihuahua armonizar su marco normativo con el federal y aportar un diseño que garantice la institucionalización de la voluntad para actuar contra la corrupción con independencia de los cambios de Administración.
La Iniciativa de Decreto fue firmada ante los medios de comunicación por el gobernador y por el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles y después de la presentación pública realizada en Palacio de Gobierno, correspondió a Jáuregui acudir al Poder Legislativo y entregar el documento a la presidenta del Congreso del Estado, Karina Velázquez.
Entre el amplio conjunto de reformas, el mandatario estatal destacó la inclusión de los delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito que no consideraba la Ley de Extinción de Dominio de carácter estatal.
La iniciativa contempla reformar 11 leyes y expedir 3 nuevas, relacionadas con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Las reformas son planteadas a las siguientes leyes: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, del Agua, de Vivienda, del Colegio de Educación Profesional Técnica, de Mejora Regulatoria, de Entidades Paraestatales, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ley Electoral, de Acceso a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Extinción de Dominio y Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
También propone reformar el Artículo 178, el Sexto y Séptimo transitorios de la Constitución Política del Estado, así como la expedición de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Ley de Justicia Administrativa y la Ley de Procedimiento Administrativo.
En cuanto a la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado, promueve la regulación del procedimiento de selección del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; adecuaciones a las atribuciones de las secretarías general, de Hacienda y de la Función Pública; la integración de órganos de control interno en cada dependencia y entidad de la Administración Pública, entre otros aspectos.
