Por “diferentes formas de violencia en México”, de enero de 2016 a mayo de 2021, 38 personas dejaron sus lugares de origen cada día en promedio y hubo al menos dos episodios de desplazamiento masivos cada mes, informó la Secretaría de Gobernación.
Según el documento “Desplazamiento Forzado Interno en México: del reconocimiento a los desafíos”, la dependencia señala que en dicho periodo se registraron 138 episodios de desplazamiento masivo ocasionados por diferentes formas de violencia en México, los cuales obligaron a alrededor de 75 mil 942 personas a desplazarse internamente.
Menciona que aunque se registraron desplazamientos en 15 entidades, siete estados concentran 91% de los casos y 97% de la población afectada; estos son Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, que representan solamente el 21% de la población nacional.
Además, la Segob explica que solo en 23 municipios de Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se encuentra la región conocida como “Triángulo dorado”, concentran 44% del total de los casos; es decir, 16 mil 186 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en 34 episodios de desplazamiento masivo.
“Todos los desplazamientos registrados en la región fueron a causa de la violencia ejercida por organizaciones criminales; se habló de ataques armados, enfrentamientos entre grupos delincuenciales y entre éstos y agentes del Estado, amenazas y actos de intimidación directa, así como prácticas de extorsión y cobro de cuotas de piso”, explica el documento.
También se menciona que ante la insuficiente regulación sobre el desplazamiento forzado interno en México, no se pueden generar las políticas públicas necesarias. Al respecto, señala que la regulación que se llegue a aprobar debe basarse en dos aspectos: uno relacionado con el objetivo de evitar que este tipo de acciones se sigan registrando, y el otro tiene que ver con la protección a la persona.
“Este desplazamiento forzado está presente en nuestro país; sin embargo, durante muchos años no se le ha puesto en el centro de las preocupaciones en materia de derechos humanos y, mucho menos, se han diseñado políticas públicas en esta materia. Desafortunadamente, existen algunos intentos menores de regular el desplazamiento forzado interno, (…), pero consideramos que nos encontramos ante un vacío normativo, ya que mientras no se apruebe una legislación nacional especializada sobre el tema, no se podrán generar las políticas públicas necesarias”, alerta la Segob.
