Auditores detectaron que se entregaron apoyos de 59 millones a 362 productores quienes habían fallecido hasta dos años antes a la fecha de la solicitud del apoyo.
Sedesol utilizó a universidades en un esquema de triangulación de recursos .
Las dependencias del gobierno federal que participaron en la Cruzada Nacional contra el Hambre no han podido aclarar el buen uso de mil 633 millones de pesos. Esto abarca desde el arranque de la estrategia, ideada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con el fin de “erradicar el hambre en el país”.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, de 2013 a 2016, dependencias involucradas en la estrategia no han aclarado o devuelto los recursos que debieron utilizar para la estrategia contra la pobreza.
De este total, existe un monto de 917 millones de pesos por los que ya han sido presentadas 13 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) cometieron irregularidades en el uso del dinero de programas enfocados a los más pobres de México.
El mayor monto denunciado ante la PGR, que hasta la fecha no se ha podido aclarar su uso, asciende a 845.5 millones de pesos, que corresponden a la auditoría forense 269, recursos asignados en la cuenta pública 2013.
Ese dinero estaba destinado a crear redes nutricionales, realizar un concierto de rock, una feria con organizaciones sociales y para las ventanillas de atención a adultos mayores.
Resultado de esa auditoría se presentaron cinco denuncias penales el 20 de octubre del 2015, donde se señala a Sedesol, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Morelos.
La dependencia, que había estado a cargo de Rosario Robles, utilizó a instituciones de educación superior en un esquema de triangulación de recursos a través de las universidades públicas para burlar las licitaciones.
Este modus operandi corresponde al que la auditoría ha denunciado desde hace cinco años en sus informes, donde las dependencias del gobierno federal utilizan los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para hacer adjudicaciones directas.
La historia detrás de estos millonarios recursos se remonta al 1 de marzo y 15 de abril de 2013, cuando la dependencia federal suscribió contratos con la Universidad Autónoma del Estado de México para “eliminar el hambre mediante la mejora de la alimentación y nutrición de personas de escasos recursos”.
