El marco jurídico con el que cuenta la Guardia Nacional (GN) no le permite crear protocolos de actuación ante situaciones como la contención de personas migrantes en la frontera sur de México, además sería un “error muy grave” si se sigue utilizando a este cuerpo para labores que no sean de seguridad pública, sentenció Daniel Gómez-Tagle, experto en derechos humanos y uso de la fuerza.
Luego del choque que hubo hace unas semanas en el acceso sur del país entre elementos de la Guardia Nacional y migrantes centroamericanos, el experto en la materia aseguró que hubo errores operacionales por parte del cuerpo de seguridad, violaciones a la Ley Nacional del Uso de Fuerza, así como a los derechos humanos de todos los participantes, incluyendo a los adscritos.
“No hay protocolos, no hay preparación por más que se diga, que pueda garantizar la función de la Guardia Nacional en materia de migración. Es un error muy grave ponerlos a hacer algo que no están preparados”, explicó en entrevista para Forbes México.
El actuar de los elementos exceden el marco jurídico con el cual deben trabajar, además de que violaron la Ley de Migración en cuanto al respeto a los derechos humanos de los migrantes, subrayó.
La frontera sur es imposible de cerrar, continúo, por lo tanto se debería de crear un protocolo de contención para administrar el ingreso; sin embargo sin el equipamiento adecuado esto no es posible, ya que este proceso debe ser de persuasión, que la situación no tome un ritmo inadecuado y luego pasar al control.
“Nos enfrentamos a un caso donde existen leyes como la Ley de la Guardia Nacional y la Ley de Uso de la Fuerza que están solamente para legitimar la presencia de la Guardia Nacional, en la práctica son leyes totalmente inoperantes”, afirmó Gómez-Tagle.
Decenas de agentes de la Guardia Nacional cercan a migrantes que se encontraban en un punto de la carretera entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, en Chiapas.
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— Animal Político (@Pajaropolitico) January 23, 2020
No se pueden realizar operativos de este tipo sin planeación, insistió, además la GN iba muy mal equipada: con cascos balísticos y equipo antimotines, lo cual no corresponde, ya que limita las capacidades de actuación de los adscritos, por lo tanto no tiene forma de atender a las personas sin que se violen sus derechos.
“Lo que hacen ahora es lo mismo que se ha hecho siempre (el gobierno), porque lo mismo que hizo la Guardia Nacional es hacer lo que hizo la policía federal en 2018 con la diferencia de que hubo un muerto en ese entonces”, detalló.
¿ Y el protocolo de actuación?
Ante este escenario, el pasado 30 de enero se reunió el Instituto Nacional de Migración (INM) con diferentes organizaciones que defienden los derechos migrantes, quienes le externaron a la autoridad su preocupación por el actuar de la Guardia Nacional en la frontera sur, a lo que el INM respondió que buscará conocer dicho protocolo en compañía del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).
“Nos preocupa que no hay un protocolo de actuación de la Guardia Nacional en la detención de personas migrantes, además del retorno asistido y que son retornos masivos”, refirió Tania Reneaum Panszi, presidenta de Amnistía Internacional México.
México cuenta con un marco jurídico robusto, el cual se ha rectificado, además de normas internacionales; en todas ellas se mantiene que el uso de fuerza no tiene que ser central en el tema de la migración, subrayó.
“Vemos riesgos porque no vemos una política clara en materia de migración y la Guardia Nacional ha tenido una presencia fuerte para este tema de detención de migrantes”, señaló.
“México sin tener la obligación por tratados internacionales esta asumiendo un compromiso propio, se va pareciendo a un tercer estado seguro, donde la gente quiere migrar de un país a otros, mientras el país de en medio tiene la obligación de darle acogimiento”, aseguróAlberto Abad Suárez Ávila, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
GN: ¿militar o civil?
A pesar de que la Guardia Nacional está adscrita por ley a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), su personal, equipamiento y base son administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo tanto no se puede hablar de una transición real de lo que era la Policía Federal, aunque en el ámbito legislativo haya similitudes, afirmó Gómez-Tagle.
“La Guardia Nacional se alinea a la disciplina militar y no a la policial. Los objetivos de ambas corporaciones son diferentes y justifican de diferente forma la disciplina que deben llevar”, explicó el experto.
En el caso de este año, refirió, no hay presupuesto para plazas civiles, por lo que todos los nuevos integrantes a esta corporación serán policías militares; además que no hay un importe para la construcción de bases para este cuerpo, lo cual administra la Sedena.
Se tiene que revisar el marco jurídico tanto de la Guardia Nacional como del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, ya que existe una desarticulación grande entre ambas leyes, para que su implementación sea eficiente en términos de seguridad pública, lo cual tendrá un impacto grande en el mediano plazo, refirió.
“La ley de Uso de Fuerza no respeta el control de convencionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Ley de la Guardia Nacional está alineada al Código Militar de Procedimiento Penales y no Código Nacional de Procedimiento Penales como debería”, sentenció.
