Aún y cuando Javier Corral se dice ser el adalid de la justicia fiscal en el país, resulta ser que los municipios de la entidad están a punto de la asfixia por el hecho de que el Gobierno del Estado no les ha depositado las participaciones estatales que por ley les corresponden.
Es un total de 5 mil 959 millones de pesos, que son los que conforman el fondo general de participaciones, el fondo de fomento municipal, el impuesto de tenencia y uso vehicular, el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto especial sobre producción y servicios, el fondo de fiscalización para entidades federativas, los impuestos estatales, el impuesto sobre la renta participable, y el 0.136% de la recaudación federal participable.
Todos esos fondos e impuestos son los que conforman el total de cinco mil 959 millones 399 mil 213 pesos.
A esa cantidad el gobierno le debe de sumar para repartir entre los municipios 3 mil 467 millones, 540 mil 535 pesos, que conforman el fondo de aportaciones para la infraestructura social y el fondo de participaciones para el fortalecimiento municipal, que tampoco ha entregado a los municipios.
Esta situación es la que tiene al punto del colapso financiero a varios municipios pues son las participaciones estatales la principal fuente de ingresos de muchos de ellos, ya que son las que utilizan para cubrir sus necesidades más apremiantes.
La ley Federal de Coordinación Fiscal, es la que establece que esas participaciones se deben de entregar a los municipios por los estados a más tardar en los cinco días siguientes en que los Estados ya las tengan en su poder y eso venció el pasado lunes 5 de febrero.
No hay una explicación por parte de la autoridad estatal para que esos recursos no lleguen a los municipios, que si bien son cuatro o cinco los que no tienen problema por el hecho de que sus recaudaciones propias los mantienen a salvo, el resto de los municipios están a punto del colapso al no contar con el que es su sustento principal.
Llama la atención que ese tema tampoco ha sido tocado en el Congreso del Estado por los diputados locales, ni por quienes conforman la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, ni por los grupos de oposición.
