Maru no es investigada como imputada posicionamiento Gema Chávez

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La fiscal anti corrupción Gema Chávez, en un posicionamiento dado esta tarde señala claramente que no hay una investigación que se esté haciendo a la alcaldesa María Eugenia Campos, como posible imputada de algún delito o acto de corrupción.

Una explicación que es un verdadero galimatías, lleno de referencias electorales y reclamos Gema Chávez expone que si hay una investigación, pero insiste en señalar que no es para imputar a la alcaldesa.

A continuación el posicionamiento integro leído por la Fiscal Anticorrupción:

“Muy buenas tardes,

El día de ayer en rueda de prensa, la Alcaldesa del Municipio de Chihuahua realizó una serie de acusaciones y señalamientos en contra de la Fiscalía Anticorrupción, de personal que labora en la misma e incluso en mi contra, es por ello que tomé la decisión de fijar posicionamiento, para hacer frente a tales manifestaciones.

Los primeros minutos de su exposición la Alcaldesa los dedica a reseñar sus desavenencias con el Gobernador del Estado, a demeritar la investigación que dice se le sigue desde hace años en la Fiscalía General y a esbozar argumentos respecto a su inocencia. De esta parte no me voy a pronunciar, pues no es algo de lo que yo conozca o en lo que tenga intervención alguna.

Sin embargo, la Alcaldesa menciona que como el tiempo se agota para consumar lo que ella llama “la persecución en su contra”, ahora le están buscando en todos lados intentando construir delitos y cito textualmente “hurgando en mis compras, en mis tarjetas, en mis viajes, en mis doctores personales, en donde paso las navidades y hasta donde me peino y quien me peina”. Afirma tener las pruebas fehacientes e irrefutables de lo que se hace para incriminarla a la fuerza en esos temas, fabricándole delitos.

Exhibe una producción la cual está integrada por audios, videos, imágenes, texto y otros símbolos de los cuales no se proporcionaron los elementos mínimos esenciales para confiar en su autenticidad, integridad y veracidad, más allá del dicho de quien los presenta y de sus motivaciones.

Respecto de esa producción audiovisual, de lo único que me corresponde hacer pronunciamiento es por cuanto a la actuación de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, el maestro Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, y lo haré, pues es precisamente la actuación de esta Fiscalía y sus agentes lo que la Alcaldesa cuestiona y señala públicamente.

En la entrevista que sostiene su ex colaborador Pablo Canaán con el agente del ministerio público de esta Fiscalía, la cual por cierto se da en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas –tema en el que abundaré mas adelante–, se advierte claramente que en todo momento las preguntas del ministerio público fueron encaminadas a obtener información respecto a hechos propios del entrevistado: su trabajo, si fue funcionario del municipio, sus ingresos, sus gastos, posibles créditos, posibles ayudas económicas, viajes; en resumen, fue cuestionado sobre gastos a su nombre que pudieran parecer no justificados; de ninguna parte se advierte –como lo asevera la Alcaldesa– que esa entrevista pruebe, a pesar de su edición y cortes, que la Fiscalía Anticorrupción está operando una persecución personal y política en su contra.

Se insiste, del propio material audiovisual exhibido ayer por la Alcaldesa se desprende que en ningún momento Pablo Canaán fue cuestionado sobre las compras, tarjetas, viajes, doctores personales, o dónde se peina la Alcaldesa, como ella lo afirmó en su conferencia de prensa de ayer. Toda la entrevista realizada por el agente del Ministerio Público al señor Pablo Canaán se ajustó perfectamente al marco del Código Nacional de Procedimientos Penales, . Lo que es de llamar la atención es como del contenido de esa entrevista en los términos en los que se realiza, tanto el señor Canaan como la Alcaldesa concluyeron que se trata de una investigación por hechos cometidos por ella y la enarbole como prueba irrefutable de persecución en su contra.

Se cuestionan además los medios para dar con el paradero del señor Pablo Canaán como persona de interés para esta Fiscalía en relación con hechos que son materia de investigación conforme a su competencia constitucional y legal.

De acuerdo con lo que se refiere en las propias manifestaciones de dicha persona, el señor Canaán fue buscado en la ciudad de Chihuahua y en la Ciudad de México, tal como lo autoriza la ley, de la misma forma en que se ejercen actos de localización de cualquier otra persona conforme ocurre en el sistema de justicia penal vigente: pidiendo informes a diversas dependencias, consultando bases de datos y fuentes abiertas, investigando su entornopersonal, familiar y laboral, pidiéndole a familiares y amigos que le transmitan mensaje para que se comunique con la autoridad, citándolo en los domicilios conocidos, etc. No se vulnera disposición alguna ni se comete falta de ninguna naturaleza por agotar todos los medios y recursos legales para poder realizar determinado acto de investigación, en este caso, entrevistarse con el señor Canaán, a pesar de que eso pudiera implicar molestias a las personas obligadas a colaborar con la autoridad ministerial.

Acusa la Alcaldesa que el actuar del Ministerio Público en la Ciudad de México se da violando lo que denomina “el ámbito jurisdiccional del Ministerio Público de Chihuahua” realizando diligencias en otras entidades sin conocimiento de las autoridades locales, lo cual incluso, califica de ilegal.

Al respecto, es preciso aclarar que tanto el agente del Ministerio Público, el maestro Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, como los policías que lo acompañaron en aquella ciudad, actuaron en el marco de una investigación de acuerdo a lo estipulado por el artículo 21 constitucional y el correlativo 127 del CNPP, y que se solicitó, además, colaboración a la autoridad ministerial de la Ciudad de México a través de oficio, la cual fue acordada favorablemente, e incluso se instruyó a agentes investigadores de aquella localidad para que apoyaran a los elementos que fueron comisionados.

Esta clase de actuaciones se da bajo el amparo de la clausula x del convenio de colaboración celebrado por la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia Militar y las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades federativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre 2012, el cual asumo es del conocimiento del licenciado Francisco Javier Molina Ruiz, quien tiene amplia trayectoria en el ámbito de procuración de justicia estatal y federal y que el día de ayer acompañó a la Alcaldesa en su conferencia.

Por otro lado, menciona la Alcaldesa que ha pedido la protección y el amparo de la justicia federal, no en contra de una orden de aprehensión o de arresto sino para conocer y tener acceso a las investigaciones, y asevera que tal juicio actualmente sigue su curso, al respecto debo decir que al día de hoy la Fiscalía Anticorrupción no ha sido notificada por parte de autoridad judicial federal al respecto.

Es preciso dejar en claro que hemos sido respetuosos del principio de presunción de inocencia. Ni de manera pública ni tampoco en actuaciones ministeriales hemos atribuido calidad de probable responsable a la Alcaldesa, al día de hoy esta Fiscalía no ha realizado ningún acto de molestia en su perjuicio, ni siquiera en el ámbito estrictamente ministerial, mucho menos se le ha señalado en medios de comunicación. Si de las investigaciones que se siguen se llega a desprender al concluir las mismas la responsabilidad de persona alguna, solicitaremos la correspondiente orden de aprehensión o cita, de no ser así se determinará el acuerdo de no ejercicio de la acción penal.

Aunque en las declaraciones realizadas ayer por la Alcaldesa se realizaron juicios de valor orientados a denostar la calidad institucional de la Fiscalía Anticorrupción y de quienes tenemos el honor de prestar servicio público en la misma, me encuentro en todo momento obligada a respetar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo su libertad de expresión y demás libertades políticas garantizadas por la Constitución. No es el papel de la Fiscalía Anticorrupción entrar a ese nivel de debate mediático propio de los actores políticos.

Le exhorto, sin embargo, para que se conduzca con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones acorde al nivel de su investidura pública, porque los señalamientos que hizo en contra de la institución que me honro en encabezar carecen de sustento alguno y, por ello, faltan a la ética por decir lo menos.

De igual modo, exhorto al señor Pablo Canaán así como a cualquier otra persona que sea llamada a colaborar con esta Fiscalía Anticorrupción para que se conduzcan de buena fe. En su caso, el señor Canaán fue requerido de conformidad con el marco jurídico por un agente del Ministerio Público quien se identificó como tal y le explicó el motivo de la entrevista a practicársele, siendo citado en un lugar público, en horario conveniente y, en cambio, a pesar

de manifestar disposición de cooperar y no tener nada que ocultar, realizó maquinaciones para que terceros videograbaran el encuentro para después la Alcaldesa dar un uso mediático a ese material.
La Alcaldesa habla de la Fiscalía Anticorrupción como instrumento del Ejecutivo de persecución personal y política en su contra, que no se confunda y no los confunda, el actuar de esta Fiscalía no es motivado por temas personales ni políticos, La Constitución General de la República así como la del Estado de Chihuahua establecen como mandato al Ministerio Publico la persecución de los delitos; en particular a esta Fiscalía corresponde la investigación de los relacionados con hechos de corrupción, eso es lo que nos motiva.

Es lógico que los sujetos investigados en el quehacer institucional de la Fiscalía Anticorrupción sean servidores públicos o ex servidores públicos, muchos de los cuales pudieran tener o haber tenido una participación activa en la vida política de nuestra entidad. Sin embargo, no debe confundirse a la persecución de los delitos que cometen los políticos con una persecución de naturaleza política, porque la política no es el ámbito del quehacer institucional de la Fiscalía Anticorrupción, aunque la persecución de delitos de corrupción cometidos por políticos sí lo sea.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción no puede abandonar su mandato constitucional de investigar y perseguir probables delitos por hechos de corrupción como consecuencia de las estrategias que los personajes políticos emprendan en el marco del juego propio de la política, que estamos obligados a respetar y que nos resulta ajeno como órgano técnico investigador especializado.

La Fiscalía Anticorrupción fue dotada de autonomía para actuar con independencia de los influjos de la política y de los políticos, la demanda ciudadana que provocó el nacimiento de la Fiscalía Anticorrupción como ente autónomo e independiente radica precisamente en la necesidad de hacer a esta institución impermeable a las presiones como esta de los actores políticos y así poder investigar los posibles delitos que cometan los funcionarios de todos los niveles, corrientes y colores.

Hoy hemos sido señalados por alguien que merece todo mi respeto como persona y por el elevado cargo que desempeña en nuestra comunidad, además de que respeto el proyecto político que encabeza. Sin embargo, de igual manera demando respeto institucional para la Fiscalía Anticorrupción que encabezo así como para quienes nos desempeñamos en la misma para cumplir una función que no es fácil pero sí de muy elevada dignidad; la exhibición mediática del día de ayer para descargar públicamente sus preocupaciones, dicen mas de la conciencia de la Alcaldesa que del trabajo de esta Fiscalía y su gente. Estamos trabajando, pedimos comprensión por las molestias que ello ocasiona.