La familia Lebaron a través de sus abogados del despacho Jurídico Motley Rice, establecieron como estrategia jurídica que sea el gobierno de los Estados Unidos el que rastree las cuentas bancarias asociadas al Cártel de Juárez para que les confisquen los mil 500 millones de pesos de indemnización que ordenó un juez federal por la masacre de nueve miembros de esa familia.
La información fue publicada en el portal de Milenio Diario, en donde se afirma:
La Ley Anti-Terrorismo abre la puerta para que el gobierno de Estados Unidos rastree cuentas, empresas y propiedades ligadas al Cártel de Juárez, con la finalidad de indeminizar a la familia LeBarón por el asesinato de nueve de sus integrantes en 2019.
La sentencia aplicada en Dakota del Norte por el juez federal Clare Hochhalter tiene como base la Ley de Beneficios para las Víctimas del Terrorismo Internacional, S.1275, que se ha aplicado en los ataques del 11 de septiembre de 2001 y en los ocurridos en las embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente.
Con base en esta legislación, el despacho Motley Rice sustenta su estrategia legal para atacar directamente los activos financieros de las organizaciones terroristas, al congelar sus recursos y embargar sus bienes para la reparación del daño a las víctimas.
“Las víctimas estadunidenses de terrorismo patrocinado pueden entablar una demanda contra ese país y embargar sus activos, incluidos los regulados por el gobierno de los Estados Unidos”, estipula la ley.
“La capacidad de bloquear y mantener bloqueado los activos de un estado extranjero es una de las principales y más poderosas herramientas de la política exterior a disposición del presidente (de los Estados Unidos) para disuadir la agresión y desalentar o poner fin a las acciones hostiles de dichos países contra ciudadanos estadounidenses”, marca.
La S.1275 indica que “debido a que el programa aborda el terrorismo internacional e implica la política exterior de los Estados Unidos y las consideraciones de seguridad nacional, también permitiría indemnizaciones por actos terroristas cometidos por grupos sin Estado patrocinador”.
En el caso de organizaciones terroristas que no son financiadas por el Estado, como es el caso de los cárteles de la droga, en este caso el Cártel de Juárez, los Departamentos del Tesoro y de Justicia peinarán las cuentas de las empresas ligadas al grupo criminal y procederán embargarlas y extraer sus recursos.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) hay más de 600 personas físicas y empresas en la lista negra de los Estados Unidos que se dedican al lavado de dinero de los cárteles de la droga mexicanos.
En entrevista con MILENIO, el Académico Investigador Senior en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Nueva York, Edgardo Buscaglia, indicó que lo establecido en la Ley de Beneficios para las Víctimas del Terrorismo Internacional puede tener repercusiones en México, al congelar en nuestro país las cuentas y embargar los bienes de los cárteles de la droga en nuestro país.
Explicó que la vía sería un acuerdo entre los fiscales generales, Merrick Garland, de los Estados Unidos y Alejandro Gertz Manero, de México.
