La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dirige Santiago Nieto Castillo, podría desistirse de las acusaciones que ha hecho ante el Ministerio Público federal en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, siempre y cuando la Fiscalía General de República (FGR) autorice que esta se convierta en testigo colaborador.
En entrevista con ALTO NIVEL, Nieto Castillo consideró que tanto la Fiscalía federal, como las procuradurías de los estados, deben convertirse en “academias de canto”, en las que los acusados estén dispuestos a proporcionar información que permita la persecución efectiva de otros delitos, como en el caso de Robles.
“Alguna vez comenté que las Fiscalías, las Procuradurías necesitaban convertirse en academias de canto, y esto es un buen símil respecto a lo que necesitamos, que la gente cante, que la gente diga lo que sabe y así poder entonces ir subiendo (en) la cadena delictiva hasta llegar a las más altas responsabilidades”, aseveró.
En el caso de Rosario Robles, la UIF está reconocida como la parte ofendida (víctima indirecta) de los dos delitos de ejercicio indebido de funciones que presuntamente cometió la exfuncionaria en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
A pregunta expresa sobre si la UIF accedería a desistirse de la acusación, Santiago Nieto apuntó: “Sí por supuesto, en todos los casos donde el Ministerio Público nos ha hecho participar, lo hemos hecho con Juan Collado, lo hemos hecho con (Emilio) Lozoya, con Rosario Robles estaremos presentes”.
“En todos los casos en donde la Unidad de Inteligencia Financiera se le ha reconocido, en términos del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el carácter de ofendido, tendríamos la posibilidad de -por supuesto- participar en esas reparaciones, (en esos) acuerdos reparatorios”, siempre que la FGR decida otorgarle el criterio de oportunidad a Robles Berlanga.
Requisitos previos
El mes pasado, los defensores de Rosario Robles anunciaron que buscarán que la exfuncionaria obtenga la condición de testigo colaborador, negociando con la Fiscalía General de la República para que esta le aplique un criterio de oportunidad, a cambio de que la hoy detenida proporcione información sobre el presunto desvío de recursos públicos que se habría registrado en el sexenio pasado.
En ese tenor, para que Robles pueda adquirir la condición de testigo colaborador, a partir de la aplicación de un criterio de oportunidad, la indiciada debe cumplir previamente con algunos requisitos, entre ellos reparar o garantizar la reparación de los daños causados, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 256 del CNPP.
Además, explica Santiago Nieto Castillo, “para poder extinguir la acción penal en contra de una persona que ha decidido colaborar con la procuración de justicia”, otro requisito es que el acusado aporte información que permita al Ministerio Público perseguir un delito mayor.
“Aquí el requisito es que tiene que ser: Uno, aportar la información, la documentación soporte, el caudal probatorio. Y dos, tendría que tratarse de información que permitiera acreditar la responsabilidad de sujetos que están por encima de la organización criminal, o por conductas más graves que las que se le imputan al sujeto que está solicitando el criterio de oportunidad”.
Es decir, para que Robles pueda acceder a este criterio, la información que proporcione a la Fiscalía debe ser exhaustiva, a fin de que el Ministerio Público federal pueda perseguir, y en su caso sancionar, a quien o quienes cometieron delitos más graves que aquellos que se le imputan a la exsecretaria de Desarrollo Social.
“Yo creo que hay que mantener esa posición, y por supuesto que soy partidario de utilizar esas nuevas herramientas del Código Nacional de Procedimientos Penales, o ni tan nuevas, pero que ya se encuentran vigentes en nuestro sistema Constitucional mexicano”, enfatizó Nieto Castillo.
La UIF, agregó el funcionario, presentó en contra de Rosario Robles “un par de denuncias”, y lo mismo hizo “sobre sus principales operadores, (Ramón) Sosamontes y (Emilio) Zebadúa, (quienes) se encuentran denunciados por nosotros”, refiere.
En el caso de Emilio Zebadúa, este no ha sido acusado formalmente por la Fiscalía ante un juez, debido a que el exfuncionario ya se encuentra colaborando con el Ministerio Público federal.
Según la Fiscalía, Rosario Robles omitió cumplir con sus obligaciones como servidora pública al celebrar diversos convenios con universidades, a las que se les contrató, sin que esas instituciones contaran con experiencia e infraestructura adecuada, para ejecutar diversos programas sociales en la administración pasada, lo que habría tenido una afectación para el erario público de 5,000 millones de pesos.
Al respecto, la oficina que dirige Santiago Nieto también ha apoyado a la FGR “para poder generar el requisito de procedibilidad respecto a una diversa carpeta de investigación, diferente a la que nosotros habíamos denunciado”, y que también servirá, si así lo determina el Poder Judicial de la Federación, para la generación de un nuevo auto de vinculación a proceso en contra de todos los involucrados en la trama de corrupción conocida como la Estafa Maestra.
