Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, reformaron el Código Penal del Estado de Chihuahua, en su Artículo 105 párrafo segundo, a fin de incorporar el feminicidio dentro de los delitos imprescriptibles.
El diputado Benjamín Carrera Chávez, Secretario de la Comisión de Feminicidios del Congreso local, expuso al dar lectura al dictamen de decreto, que la prescripción es la sanción jurídica que opera en un proceso penal por haber transcurrido un plazo determinado sin que se haya enjuiciado a un imputado, o bien, sin que se haya hecho efectiva la aplicación de la condena a un sentenciado.
Desde la perspectiva del derecho interno se debe interpretar la imprescriptibilidad de ciertos delitos como aquella garantía de todo Estado Social, Constitucional y Democrático de Derecho, en función de la cual, dando cumplimiento a lo establecido en los tratados internacionales sobre derecho humanitario, y al respeto de la esencia misma de la dignidad de la persona, los Estados no puede imponer plazo perentorio alguno cuando se deba investigar, procesar o acusar a individuos que han cometido delitos graves establecidos en el derecho internacional como violatorios de los derechos humanos; continuó.
Detalló que en materia de Derechos Humanos la sanción de las violaciones graves de estos resulta esencial para garantizar el respeto y la protección de los mismos, como también para garantizar el respeto y protección de su bien jurídico protegido, esto es, la dignidad del ser humano.
Recordó que el Legislativo de Chihuahua el pasado 20 de octubre del año 2020, aprobó el Dictamen de Decreto para establecer el tipo penal de feminicidio dentro del Código Penal del Estado, el cual fue publicado el 5 de diciembre del mismo año, en el Periódico Oficial del Estado.
Por último, mencionó que en algunos estados, como Sonora y Guanajuato, ya cuentan con la disposición de excluir la prescripción en materia de feminicidio; por ello, la importancia de contar con él dentro del ordenamiento local antes mencionado, con lo que dará un gran paso en la procuración de justicia y un avance en la extinción de la impunidad existente en el feminicidio.
