Incautar ranchos de César Duarte costosa e irresponsable venganza de Corral

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La incautación de ranchos, con más de tres mil cabezas de ganado, animales exóticos, caballos pura sangre, predios de nogaleras y diversas propiedades del ex gobernador César Duarte Jáquez acusado de múltiples actos de corrupción, fue festinado por el Gobernador Javier Corral Jurado como un “rescate” de lo mucho que le habían robado al pueblo de Chihuahua en la pasada administración priísta, incluso señaló que era devolverle al pueblo lo que se le había robado y que al rescatar esas propiedades y esos bienes esos recursos servirían para el bien de la entidad.

Hoy a más de dos años de realizar esas incautaciones, el hambre y la sed matan a las vacas, los ranchos no producen nada, hay señalamiento de negligencia y de corrupción. Incluso hay quien señala que esas incautaciones fueron un error que le pueden salir muy caras al pueblo de Chihuahua, que seria casi como sufrir un segundo robo.

El encargado de administrar esos ranchos, de recuperar el ganado y hacer productivas poco más de 200 hectáreas de nogales, hoy demanda al gobierno del estado le paguen lo que le deben y muestra pruebas irrefutables de que esos ranchos están en el olvido y ante esos señalamientos la Fiscalía General del Estado, solo atinó a responder que van a investigar.

Esta es la historia de una venganza mal planeada, de una venganza irresponsable:

Ese era un tiro cantado:

El exgobernador priista de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez, fue señalado por su sucesor el panista Javier Corral Jurado, de ser un vulgar ladrón, el enconó era tal que el priísta ni siquiera acudió al acto de entrega recepción y desde ese día -4 de octubre de 2016- Duarte cruzó la frontera hacia los Estados Unidos y no ha regresado, mientras de este lado la administración de Corral se ha dedicado por 3 años y 8 meses a engrosar sendas carpetas de investigación en su contra por cientos de millones de pesos de supuestos actos de corrupción, exigiendo su detención para que lo extraditen y venga a enfrentar a la justicia mexicana.

Hay casi 30 personas que han sido llevados ante un juez, los peces gordos están casi todos fuera, los otros, los charales, los más chicos, los medianos, siguen sus procesos penales y hay una lista de funcionarios que nunca han sido tocados, ni llamados a comparecer, incluso, se les señala de que son los testigos protegidos de Corral, “son sapos, por que abren la boca a todo lo que da, para lanzar su canto contra los demás de su misma especie”, se dice en varios pasillos.

La historia empezó mucho antes del proceso electoral, se puede afirmar que ese era un “tiro cantado”, si le pidiéramos prestada una línea al genial Gabriel García Márquez, se podría decir que eso era “la crónica de una persecución anunciada” y que el quinquenio de Javier Corral estaba irremediablemente amarrado a los resultados que arrojara esa persecución, tan así estaban las cosas, que hasta quinelas se hacían en las mesas políticas sobre quienes serían los primeros, 10, 15 o 20 en caer atrapados por la justicia de Chihuahua por actos de corrupción tan “evidentes”.

Pero siempre, la discusión derivaba en un solo asunto, a una sola pregunta: ¿irán a detener a César Duarte si o no? Y claro que la imaginación exaltada de las mayorías, se decía que sí, que era impensable que no lo pudieran detener, que eran tan evidentes los robos, los atracos, el enriquecimento ilícito de muchos de ellos, que era imposible pensar en que no se hiciera justicia.

En verdad pocos, muy pocos, veían que la situación se podía complicar, eran más los que pedían sangre, los que querían ver a un exgobernador “corrupto” preso, que a él y a todos sus cómplices los llevaran a la cárcel, situación que cada día se ve más improbable que suceda.

Un camino lleno de espinas:

Javier Corral todavía no llegaba a sus primeras navidades como gobernador, cuando el 2 de noviembre de aquel 2016, sostuvo que desconfiaba del nuevo Procurador General de la República, Raúl Cervantes “por sus estrechos vínculos partidistas” con el ex gobernador de Chihuahua, a quien desde ese momento lo declaró prófugo de la justicia.

Incluso Corral llegó a afirmar que estaba siendo presionado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, de que detuviera todas las investigaciones en contra de Duarte a cambio de recursos para la entidad, “La ley no se negocia. No vamos a negociar impunidad. Yo le puedo explicar a la sociedad que no tenga dinero para enfrentar los próximos meses de gobierno con obras; le puedo explicar la quiebra, pero nunca podría explicarles la impunidad”, dijo el mandatario en una entrevista que fue publicada en el periódico La Jornada ese miércoles 2 de noviembre del 2016.

El pleito con Peña Nieto, y las acusaciones contra César Duarte crecieron, hasta llegar a la detención de Alejandro Gutiérrez “La Coneja” empresario y alto funcionario del PRI a nivel nacional a quien se le vincula en muchos negocios con Manlio Fabio Beltrones y con el propio expresidente Enrique Peña Nieto.

Tras esa detención el gobernador de Chihuahua montó la llamada “Caravana por la Dignidad”, con el único fin de exhibir al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, quien se negaba a entregar recursos para apoyar Chihuahua y Corral decía que eso lo hacían solo para proteger al “vulgar ladrón César Horacio Duarte Jáquez” y que le exigían además la liberación del empresario.

Esa fue la versión que repetían y repetían en los mitínes que hicieron a lo largo de esa ruta que arrancó en la fronteriza Ciudad Juárez y terminó en la Alameda Central de la Ciudad de México, en una manifestación frente al hemiciclo a Juárez, un día después de la firma de un pacto de apoyo que fue acordado con el secretario de gobernación federal Alfonso Navarrete Prida y el mandatario de Chihuahua.

Al final de cuentas la administración de Enrique Peña Nieto llega a su fin, sin entregar apoyos reales a la entidad y Alejandro Gutiérrez “La Coneja” salé libre y las acusaciones en su contra de haber participado en la llamada “Estafa Maestra” donde se “perdieron” más de 240 millones de pesos que se asegura fueron triangulados de la administración estatal para financiar campañas del PRI, no se comprueba nada, el empresario paga una fianza de un millón de pesos por unas facturas de venta de combustible y se va a la calle.

Llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Javier Corral confiado señala “ya se le acabó la protección a Duarte”, para unos meses después darse cuenta que no hay una solicitud formal de detención con fines de extradición de Duarte, le informan que las carpetas de las denuncias están mal presentadas y eso obliga a su administración a volver a plantear todas las denuncias.

Semanas después Marcelo Ebrad, el canciller de México, da la noticia de que ya se hizo la solicitud oficial, incluso en una visita a la entidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, él dice que “ya se inició el procedimiento” y después de eso, nada, incluso se llegó a dar a conocer que tras la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, César Duarte estaba aprovechando la oportunidad para convertirse en testigo protegido ante el Gobierno de los Estados Unidos para darles información sobre las actividades del narco en México y sus líneas de complicidad con diversos mandatarios.

El caso es que no hay más noticias del supuesto proceso de solicitud de detención en su contra.

La lista de detenidos:

Otros que han estado presos acusados de ser cómplices de César Duarte, son:

Los peces gordos:

Javier Alfonso Garfio Pacheco, ex alcalde de Chihuahua capital y uno al que se le mencionaba como posible candidato a gobernador en el 2016, la acusación en su contra era que autorizó la venta de unos predios, los cuales se llego al acuerdo que serían devueltos al erario estatal y salió libre.

Ricardo Yáñez, ex secretario de educación, ex director de la COESVI, a quien se le dejó libre con el acuerdo de reintegrar al patrimonio estatal más de 240 millones de pesos, pagos que la autoridad no ha dado a conocer si se cumplen en tiempo y forma.

El ex auditor superior del Estado Jesús Manuel Esparza Flores, todavía detenido y con diversas carpetas de investigación en su contra.

Marcelo González Tachiquín, ex director de Pensiones Civiles del Estado y ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, aún preso con distintas carpetas de investigación en desarrollo.

Raymundo Romero Maldonado, ex secretario general de Gobierno, detenido y liberado.

Eduardo Esperón González, ex secretario de Obras Publicas, detenido y liberado.

Los de medio pelo:

-Exdirector de Administración de Hacienda, Gerardo V. M.
-Exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, Antonio T. G.
-Exdirectora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua, Karla Areli J.B.
-Exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, Sergio M. I.
-Exsecretario de Finanzas del PRI, Pedro M. R. Ya liberado.
-Exdirector de Administración y Finanzas de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Édgar Omar R. M.
-Exdirector de Planeación y Evaluación del Ayuntamiento de Chihuahua, Enrique Carlos V. Z.
-Exdiputado local de Movimiento Ciudadano, Fernando R. R. Liberado y en calidad de testigo protegido.
-Empresario Jaime Agustín F. R.
-Empresario Germán Lezama Cervantes.
-Empresario Iván Eli Sánchez Jasso.
-Empresario Otto V. B.
-Notario Fernando U. R.
-Exdirector de Finanzas del PRI, Alejandro G. G.
-Exsecretario técnico del exgobernador, Jesús Manuel L. H.
-Exdirector general del Sindicato de Trabajadores de la Educación Sección 8, Alejandro V. A.
-Exdirector ejecutivo de Administración de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Diógenes B. V.
-Exdirectora de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Martha Patricia B. B.
-Exasesor técnico de la Dirección de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, Edmundo Felipe G. L.
-Guadalupe M. A., apoderada legal de las empresas del exgobernador.
-Érik Manuel H. A., exdirector general de Programas de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda.

Los nunca detenidos y que la ciudadanía pregunta por ellos:

Jaime Ramón Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda Estatal. Se le señala es uno de los testigo protegidos. Además de que se afirma que actualmente es asesor externo de esa misma dependencia.

Mario Trevizo Salazar, ex consejero legal y después Secretario General de Gobierno. Se le señala es uno de los testigos protegidos.

Pedro Hernández Flores, ex secretario de Salud, algunas versiones lo dan por evadido de la justicia, mientras que otras más lo señalan como testigo protegido y como asesor en materia de contratos para adquirir medicamento con diversas empresas.

Ex titulares de Comunicación social, señalados por altos gastos y contratos con empresas fantasmas:

Juan Ramón Flores, actualmente titular de Comunicación Social en la SEP y compadre del titular de la misma Esteban Moctezuma.

Hugo Hernández Jáuregui.

Federico Guevara.

Los ranchos incautados:

Las autoridades han señalado que a César Duarte Jáquez le han incautado 24 propiedades, entre ellas 17 ranchos.

En abril del 2017, se ordenó incautaran el rancho “El Saucito”, en Balleza Chihuahua, junto con una vivienda ubicada en Hidalgo del Parral Chihuahua.

Fue en septiembre del 2017, cuando se anunció el decomiso –en realidad incautación- del rancho “El Chorreras” ubicado en el municipio de Valle Zaragoza en la comunidad de Valerio, donde se informó las autoridades encontraron implementos y maquinaria agrícola además de ganado propiedad del ex diputado federal Carlos Hermosillo y del ex gobernador César Duarte Jáquez, de igual forma anunciaron que habían encontrado “importantes pistas y evidencias” para seguir con las investigaciones.

Luego el 27 de febrero realizaron un nuevo operativo de incautación, en “En un comunicado, el gobierno de Javier Corral Jurado señaló que el rancho tiene una extensión de dos mil 344 hectáreas, donde localizaron 450 reses, algunas provenientes de Nueva Zelanda”, según detallan varias fuentes informativas que reproducen el boletín de prensa enviado por la oficina de Comunicación Social de la propia Fiscalía General del Estado.

Dicho boletín informa:

“Como parte de la operación Justicia para Chihuahua y de la investigación realizada por el grupo especial de fiscales en materia de anticorrupción, además se hallaron animales exóticos y de colección, entre ellos al menos 30 bisontes, cinco llamas y diversas manadas de jabalíes.

Las cabezas de ganado que se encontraron corresponden a las que se adquirieron para el Programa de Apoyo Social para el Repoblamiento de Hato Ganadero para Pequeños Ganaderos de Chihuahua, que se implementó en la administración pasada, pero que nunca llegaron a sus supuestos beneficiarios, se señala.

Los ranchos asegurados son El Rebaje, con una superficie de más de 466 hectáreas; Mesa de Chávez, de 755 hectáreas de extensión; El Agostadero de Moreno No.2, con poco más de 572 hectáreas de superficie, y el Rancho de Enmedio que mide 551 hectáreas.

Los inmuebles cateados son predios rústicos para hatos ganaderos, con cascos de rancho que comprenden cuatro casas habitación, sistema de riego, corrales equipados y celdas solares”. Fin del boletín.

El 28 de Mayo la incautación de ranchos propiedad de César Duarte volvió a ser noticia, pues se informó:

“En cumplimiento a una orden de cateo librada por un Tribunal de Control; agentes del
Ministerio Público, Policías de la Agencia Estatal de Investigación, Oficiales de la Comisión
Estatal de Seguridad, elementos del Grupo K-9, personal técnico de la Dirección de Servicios Periciales y de la Secretaría de Desarrollo Rural, efectuaron las diligencias en los predios ubicados al sur de la entidad.

Los ranchos asegurados son: El Molino, con una superficie de 28.74 hectáreas; Las Granjas, con una superficie de 9.35 hectáreas; Loma Alta, con una superficie de 133.28 hectáreas; El Molino de los Nogales, con una superficie de 951 metros cuadrados”, informó la Fiscalía General del Estado.

Los primeros tres inmuebles cateados se tratan de predios rústicos; mientras que el último en mención, es una huerta nogalera. Todos se ubican en el municipio de Balleza…”, según lo detalla nota aparecida en el portal de El Universal de la Ciudad de México.

Sobre esas incautaciones César Augusto Peniche Esquivel, Fiscal General del Estado, señaló que en conjunto las propiedades incautadas alcanzaban un precio por arriba de los cien millones de pesos y que eran más de 40 mil hectáreas de terrenos.

La Irresponsabilidad:

Tras la incautación de esos ranchos, la autoridad estatal los dejó en el olvido, abandonados y sin prestarles atención, hasta que en agosto del 2018, empezaron a surgir diversas notas periodísticas en donde se señalaba y daba cuanta de que todos esos ranchos y propiedades estaban en condiciones pésimas, incluso en noticieros radiofónicos se informó que algunos de esos predios eran utilizados por grupos del crimen organizado para establecer campamentos de sicarios y rutas para el trasiego de drogas por las brechas sin vigilancia.

Esas notas fueron las que obligaron a la administración de Javier Corral a que se realizará una reunión a donde acudieron representantes y titulares de Desarrollo Rural, la Función Pública, la Fiscalía General del Estado, el representante legal del Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda Estatal, para determinar que hacer con esas propiedades y evitar cayeran en el abandonó absoluto.

“El acuerdo al que llegamos fue contratar a un administrador, para que cuidara de esos ranchos, recuperara el ganado y que hiciera todo lo posible por hacerlos productivos”, señala una fuente, quien narra de forma sucinta el acuerdo mediante el cual dice se planteó invitar a cuatro ganaderos conocidos y de probada honradez, sin problemas de liquidez a que se hicieran cargo de esos ranchos. “El requisito primordial es que fueran ganaderos de la confianza del gobernador”.

Al preguntarles a varias fuentes los nombres de los ganaderos invitados, ninguno de ellos quiso dar a conocer los nombres de los cuatro, pero todos ellos coinciden en señalar que entre esos cuatro se encontraba Héctor Hugo Pérez Robles, de quien se les informó que además era cercano al gobernador Javier Corral y que había diversos panistas y funcionarios estatales que le daban el aval como persona de confianza.

Agosto y septiembre fue de platicas con los cuatro ganaderos, Pérez Robles, antes de aceptar la invitación pidió hacer un recorrido por los ranchos, para ver su condición y el tamaño del compromiso al que lo estaban invitando.

Asegura el ganadero, que hizo el recorrido, y que tras hacerlo declinó la invitación por la condición pésima de esos ranchos y todo el trabajo que significaría “dejarlos bien a bien”.

“Pero mire, los ranchos estaban vandalizados y en grado extremo de abandono, el primer rancho que visite fue “El Saucito”, el que está en Balleza, había vehículos abandonados y saqueados, no había personal cuidando las propiedades ni el ganado, preguntándoles a los muchachos –se refiere a los vaqueros y gente del lugar- me daban versiones de robos de ganado, de vacas perdidas, todo patas pa arriba y además algunas de esas propiedades están en territorios en donde está del carajo meterse, porque ahí la raza rasura con hacha y esos no se andan con cuentos ”, no explica el ganadero.

Tras esa visita, sostiene una reunión de nuevo con esa mesa de análisis donde participaban representantes y titulares de Desarrollo Rural, la Función Pública, la Fiscalía General del Estado, el representante legal del Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda Estatal, y todos ellos le piden haga un estimado de la cantidad que se necesita para el mantenimiento normal de los ranchos y que cantidad se necesitaba para arreglar lo que estaba mal.

Al final lo convencen y él acepta hacerse cargo del trabajo, “pero pedí un precio de alzada, que a mi me aseguraran mi paga y que además me dieran para los gastos que se requerían”, dice Pérez Robles.

El contrato se firma, se establecen montos y hasta una cláusula en el que se obliga a las partes a mantener la confidencialidad de algunos montos y demás.

Para la firma de ese contrato, él pide hacer un informe detallado de la cantidad de ganado y demás bienes que estaban dejando a su custodia y administración.

“Marcaron la cantidad de cabezas de ganado por la cantidad de aretes que tenían de la Unión Ganadera, pero que ya había mucho ganado sin arete y sin fierro, de los que nacieron orejanos y además mucho ganado perdido, por las cercas que ya no había y los robos”, dice consignó en ese informe.

De forma adicional Héctor Hugo Pérez Robles, dice que entregó un documento en donde estableció el proceso a seguir “para recuperar a los ranchos, todo eso lo hice sin abogados, iba yo solo y así como se hacen los tratos bien, así lo hicimos”.

Detalla que el acuerdo con contrato y todo se firmó en octubre del 2018, es decir, había ranchos que tenían más de un año en el abandono, otros 9 meses y unos más entre 4 o 5 meses.

“Y entonces es cuando me piden que me “arranque”, les pido dinero y me dicen que le entre primero con dinero propio y que ellos me lo van a ir reponiendo, para que no se atrasaran las cosas”, dice que acepta y empieza el trabajo de contratar a 50 empleados para que lo ayuden en las diversas tareas, tanto con el ganado, las nogaleras, recuperación de cercos y arreglo de abrevaderos, agostaderos y demás.

“Fue al mes o mes y medio que recibí los primeros pagos”, fue vía deposito en su cuenta de banco de una cuenta de gobierno del estado y a los tres meses entregó los primeros informes de actividades, los cuales en un principio los funcionarios estatales le pedían que dichos informes fueran mensuales, pero que él pidió y le concedieron fueran trimestrales.

El primer contrato de servicio se cumple en diciembre del 2018, le pagan atrasado y lo felicitan por el trabajo hecho y le renuevan los contratos para el 2019.

Ese año abre 4 pozos de bombeo y le pagan algunas inversiones de equipo.

El segundo contrato era por todo el 2019, de enero a diciembre, pero en el mes de agosto de ese mismo 2019, corren al director del administrador y enajenación de bienes, fondos y fideicomisos de la fiscalía.

“Los problemas empezaron desde julio, que fue cuando Eduardo Fernández se empezó a hacer cargo de todo, aunque dijeron que a él lo nombraron en agosto, desde julio ya estaba trabajando y fue cuando se empiezan a atrasar los pagos”, nos dice el ganadero.

Tras varias semanas, por fin logra entrevistarse con Eduardo Fernández ya nombrado oficialmente Administrador de la Fiscalía General del Estado, lo pone al tanto de la situación, le informa de los retrasos de pagos y el funcionario estatal le comenta: “Es una vergüenza y una pena que el gobierno del estado se esté financiando de usted” y le oferta pagarle en una semana y le pide los reportes, los cuales él los había estado enviando en tiempo y forma, pero de todos modos se los piden y él se los vuelve a enviar.

Tras enviar esos informes solicita de nuevo el pago y no se lo entregan y es cuando los funcionarios dejan de recibirlo y Eduardo Fernández le empieza a dar largas.

Tras mucho insistir logra entrevistarse de nuevo con Eduardo Ramírez, quien le dice que lo mejor es ver si se renueva o no el contrato, le vuelven a pedir reseñas de ganado y señala que octubre y noviembre se puede hacer el recuento para entregar todo.

A pesar de todo, él dice que siguió invirtiendo dinero de su bolsa, para cumplir con los compromisos adquiridos, tanto el sueldo de los empleados, como los gastos necesarios para el cuidado de ganado y las nogaleras.

“Yo estaba confiado en que no me iban a dejar colgado”, confiesa arrepentido.

Cansado de tanto retraso en el pago, en el mes de octubre les envía un oficio al Fiscal General y al propio Gobernador Javier Corral, en donde les pide le paguen para poder cubrir sus gastos y el dinero que él ya debía y que mantenía saturada su línea de crédito.

Funcionarios de administración de la Fiscalía General del Estado son los que le piden que él mismo acuda a plantear su problema al propio Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda, pues le dicen que es esa dependencia la que no quiere liberar la suficiencia financiera para esos pagos, pues le hacen ver que eso se debe a que hay diferencias graves entre Fuentes Vélez y Eduardo Fernández.

El ganadero acude a buscar al Secretario de Hacienda y Fuentes Vélez no lo recibe, lo manda con una funcionaria que es la que le dice que hay una bolsa de recursos de las mismas ganancias que la venta de ganado generó y que es de ahí de donde le van a liquidar lo que le deben, pues le informa que Hacienda generó cuentas de deposito tipo un fideicomiso con todas las reglas y que él se debe de ceñir a ellas para que le puedan pagar.

Solicita una audiencia con el Fiscal Peniche, quien lo recibe, lo trata bien, percibe cual es el problema y ahí mismo ordena que Eduardo Fernández lo reciba y le pague, señalando que el fiscal reconoció que todo eso era un enredo administrativo y burocrático y que no era justo que él estuviera pasando por esa situación.

Eduardo Fernández lo recibe y le dice que al día siguiente le paga, que va a cumplir con la orden del Fiscal, pero todo quedo en eso, en una oferta de palabra, pues Fernández ya no lo volvió a recibir.

Varios días después mediante un acuerdo de palabra le dicen que continúe con su trabajo, que las cosas ya se van a resolver.

El confía en la palabra de quienes hablaron con él y unos días después le informan trabajadores de uno de los ranchos que ya se presentó ante ellos quien se identifico como Jorge Contreras Villarreal, quien les dijo era el nuevo administrador.

“A mi no me habían dicho nada, no me notificaron y por eso acudí a presentar una demanda ante fiscalía contra Contreras Villarreal por tomarse atribuciones sin ningún nombramiento, luego que presenté la denuncia él vino a decirme que quien lo había mandó fue Eduardo Fernández”.

Explica que Jorge Contreras utilizaba vehículos oficiales de la Fiscalía General del Estado para acudir a los ranchos.

Días después mediante citatorio lo mandan llamar y le piden un informe general para dar por terminado su contrato, le establecen como fecha tope el 13 de febrero de este año, es decir, un mes y medio después de que su contrato había terminado y tiempo en el que él siguió haciéndose cargo de su tarea por un acuerdo de palabra.

Acude a la reunión, presenta los informes y comprobantes de gastos, se levanta un acta de conformidad entre las partes y en ella Eduardo Fernández reconoce la deuda hasta el mes de febrero, incluso dice que el funcionario estatal le dijo al momento de firmar dichas actas: “no tenemos madre, les vamos a pagar, a la mejor no todo, pero si ya una parte y este mismo día lo depositamos y en unos días más lo que falte”.

Un par de días después se comunican con él y se excusan diciendo que Hacienda no fondeo recursos.

Después de varios días David Alonso Ramírez, quien ocupa el puesto de titular de la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos de la Fiscalía, le dice que no saben cuando tendrán dinero y vuelve a culpar a Hacienda.

“Pero esas eran ya puras mentiras, pues la realidad es que Fiscalía es la que tiene el control del fideicomiso y de su propio presupuesto y no me volvieron a pagar”, sostiene bastante molesto.

Es cuando toman la determinación de notificar a un juzgado, consignan los informes de administración, gastos y deudas, para que el juez sea el que notifique a la administración estatal.

Así el pasado 5 de marzo la Fiscalía estaba notificada que tenían que acudir ante el juez para ver el tema, pero no acude nadie, ni de la Fiscalía, ni de la Administración estatal.

Héctor Hugo Pérez Robles nos cuenta que Eduardo Fernández si se comunicó con él, para reclamarle su proceder y por haber acudido ante un juez para exigir le pagaran lo que le debían.

Durante marzo y abril Héctor Hugo todavía tuvo que hacer varios gastos más en los ranchos y adjunto esas facturas al monto de lo que ya le debían, “porque no ha sido revocado el contrato y se siguen negando a recibir las cadenas de custodia y no puedo yo solo aventar las cosas, pues eso lo podrían usar ellos para inventarme cosas”.

El caso es que Jorge Contreras está ejerciendo la administración sin cadena de custodia de esos bienes y el colmo es que su esposa, también está ejerciendo como administradora y existe la versión dada por los propios empelados de uno de los ranchos que ella “nos puso una tiendita de raya a los vaqueros y en vez de pagarnos el dinero, nos pagan con comida que nos obligan a comprar con ellos”, dijeron un par de trabajadores contactados vía telefónica.

Situación al día de hoy:

Más de 450 cabezas de ganado están en corrales bajo custodia por desaije, se está gastando una fortuna el gobierno al pagar ese cuidado, sin tomar una determinación de que hacer con ese ganado.

Ellos ya entregaron aretes con todo y oreja de 95 vacas muertas, la entrega la hicieron en la fiscalía, esto después de acudir a levantar un acta a uno de los ranchos, donde encontraron los aretes en una bodega.

Todos los días se mueren más vacas, información de los vaqueros es que ya son más de 400 vacas muertas y que solo de los corrales se han perdido más de 200.

La Fiscalía General del Estado solo señaló que iban a investigar, pero no han vuelto a dar más información sobre el tema. El gobernador del Estado en conferencia de prensa sostuvo que en esos ranchos son más de tres mil vacas, pero esa es la cantidad de ganado que se suponía había en ellos cuando se incautaron las propiedades.

Héctor Hugo Pérez Robles sigue sin recibir su pago y asegura su siguiente paso será seguir por la vía legal y de la opinión publica, pues dice tener copia de conversaciones telefónicas, actas firmadas y demás material de prueba para demostrar su dicho, así que todo parece indicar que esa historia… continuara…