Un juez federal admitió a Greenpeace la ampliación de una demanda de amparo promovida contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya en la que pide que se declare ilegal la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) avalada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Greenpeace señala que el Tren Maya, una de las emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, viola los derechos a la información y la participación pública en asuntos ambientales.
De igual forma, Greenpeace señaló que la MIA del tramo 5 de la obra viola el Acuerdo de Escazú, en sus artículos 6 y 7, sobre el acceso a la justicia medioambiental.
“Hay que recordar además que esta obra del Tren Maya comenzó en total ilegalidad, iniciándose las obras deforestando la selva maya sin siquiera [contar con] una Manifestación de Impacto Ambiental y sin siquiera haber empezado el proceso de evaluación de impacto ambiental”, dijo Viridiana Lázaro, integrante de la organización.
Luis Miguel Caro, asesor legal de Greenpeace, señaló que la ampliación del amparo con expediente 1216/2022, pretende que se reformen leyes y que se establezcan precedentes para proyectos de esta índole en el futuro.
En ese sentido, solicitaron que el Congreso de la Unión y el presidente López Obrador cambien la legislación vigente y ordenen medidas de restauración de flora y fauna sobre el tramo 5 del Tren Maya.
“Las personas tenemos derecho a obtener información y a participar de ellas si éstas tienen impacto en nuestras vidas”, señaló Caro, asesor legal de Greenpeace.
En conferencia de prensa, el abogado advirtió que el proyecto ferroviario prioritario tendrá un impacto ambiental y social con la cantidad de personas que espera transportar y los polos de desarrollo previstos.
Ayer, un juez federal revocó tres suspensiones definitivas contra el tramo 5 sur del Tren Maya, que corre de Playa del Carmen a Tulum, obra catalogada por el gobierno federal como de seguridad nacional, informó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
La revocación de suspensiones definitivas corresponden a los amparos 884/2022, 923/2022 y 1003/2022, informó el titular de la dependencia, Javier May, quien sostuvo que las obras de infraestructura son totalmente legales.
El asesor legal de Greenpeace rechazó el trinfalismo del gobierno y que no se privilegie el respecto a la ley.
“Yo noto un triunfalismo de parte de las autoridades, este triunfalismo de la parte política me indigna porque pareciera que estuviéramos haciendo una disputa de cantina, de quién se queda con la renta o algo por el estilo, como si no estuviéramos viendo algo que trasciende a las autoridades, los gobiernos que van y vienen, inclusive a nuestra generación”, comentó Cano.
