Ante los recientes hechos de acoso contra periodistas, como el que sufrió el reportero de La Opción Gabriel Venzor, quien fue atacado por los escoltas del gobernador del Estado javier Corral Jurado, por ordenes directas del mandatario estatal, cuando el reportero le tomaba fotos en la deportiva cuando el mandatario jugaba tenis y otras agresiones sufridas, los diputados de Morena presentaron un exhorto en el Congreso del Estado para que las autoridades hagan lo necesario para a fin de proteger y garantizar el ejercicio periodístico en el Estado de Chihuahua.
La iniciadora de ese exhorto fue la diputada de Moreana, Lourdes Beatriz Valle, a quien se le sumaron sus compañeros de bancada, Leticia Ochoa Martínez y Francisco Humberto Chávez Herrera.
En la exposición de motivos de su exhorto señalan especificamente el caso ocurrido la mañana del sábado 30 de noviembre cuando “un reportero gráfico fue objeto de una detención ilegal, así como de actos de molestia y de privación de su propiedad mientras realizaba su trabajo. La retención duro algunos minutos, durante los cuales fue hostigado por elementos responsables de la seguridad por órdenes directas gobernador, quienes le retiraron su celular, el cual fue revisado y alterado en su contenido para permitir el ejercicio de censura previa a la publicación de dichas fotos”.
Los diputados sostienen que “la libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos humanos reconocidos por tratados internacionales y por nuestra constitución”.
Detallan que el Sexto constitucioal establece que: “…la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”
El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Tambien explican que nn México la despenalización federal de los denominados delitos de prensa o delitos contra el honor se produjo cuando se derogaron, mediante reforma legal publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de abril de 2007, los delitos de calumnia, difamación e injuria, previstos en los artículos 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 del Código Penal Federal; además, se adicionaron los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil Federal, relativos al daño moral, que fijan las responsabilidades por los daños causados al honor de las personas.
Señalan que “la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa”.
Y de forma tajante sostienen que “la libertad de expresión no es una concesión del Estado sino un derecho humano mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información, por lo que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, debe estar prohibida”.
Ponen especial énfasis al manifestar que “de igual forma, delitos como el homicidio, secuestro, desaparición, intimidación o amenaza cometidos contra los miembros del gremio periodístico, así como la afectación material de las instalaciones de los medios de comunicación, como consecuencia de su actividad, se consideran violaciones a sus derechos fundamentales que restringen la libertad de expresión”.
Dicen que en caso de que resulten vulnerados estos derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en los artículos 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, que la investigación de los delitos es facultad del Ministerio Público y, por tanto, es deber ineludible del Estado realizar las funciones de procuración de justicia de una manera pronta y expedita.
Los diputados de Morena dicen que la prensa chihuahuense “ha sido utilizada como instrumento político, ante la falta de una legislación que equilibre, transparente y valore su labor como entes de comunicación social, lo que ha permitido que la tarea que realizan cambie, de acuerdo a la autoridad con la que se convive, la relación entre el poder y los medios de comunicación vulnera principalmente a los trabajadores, a los reporteros, reporteros gráficos y periodistas”.
De igual forma reconocen que en muchas ocasiones, los reporteros y periodistas realizan su rabajo bajo precarias condiciones laborales, bajos salarios, y una ausencia de cumplimiento en la Ley Federal del Trabajo y las tablas de salarios como profesionistas, “no se diga otros derechos laborales que los reporteros y periodistas en muchas ocasiones exhiben su ausencia en otros sectores, sin embargo, de sus carencias nadie habla”.
Señalan que la actual administración estatal, “desde el primer día de asumir la gubernatura, la referencia a los medios de comunicación locales, ha registrado lamentables y alarmantes hechos, no solo de asesinato de periodistas, agresiones, omisiones, descalificaciones, incluso de violentar garantías individuales, tal es el caso del reportero Gabriel Venzor Fabián, de quien los hechos suscitados, de acuerdo a la versión del medio de comunicación y del mismo titular del ejecutivo, solo dejan dudas al respecto”.
Ponen el dedo en la llaga, al señalar, “Sin embargo, es necesario señalar, que independientemente del juicio que el gobernador tenga respecto a algún medio de comunicación en específica, no justifica ningún tipo de sanción o agresión, peor aún, dirigida contra un trabajador, en este caso, un reportero”.
“Es por eso que, la actual Legislatura debe exhortar al titular del Poder Ejecutivo Estatal y a la Fiscalía General del Estado, respetar y permitir el trabajo periodístico de los medios de comunicación, principalmente respetando el derecho de los trabajadores de los medios y los reporteros, de igual forma, el derecho a la información de los ciudadanos para que se mantengan informados”.
Los diputados de Morena solicitan en su exhorto que:
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos invocados en el proemio, someto a consideración el siguiente proyecto de urgente resolución y con carácter de:
Primero.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal, el C. Gobernador Javier Corral Jurado, a fin de que emita una disculpa pública al periodista Gabriel Venzor Fabián de la opción de Chihuahua y una reafirmación de su compromiso de respetar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal, el C. Gobernador Javier Corral Jurado, a fin de que tome todas las acciones que considere necesarias para evitar violaciones al ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo pero no limitándose a la capacitación en materia de respeto a la libertad de expresión y de prensa de sus escoltas personales y demás personal de seguridad que dependa del ejecutivo estatal.
Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación Federal, por conducto del titular del Mecanismo de Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas a fin de que implemente medidas de protección de las previstas por el mecanismo en favor de Gabriel Venzor Fabián.
Cuarto.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, a fin de que lleve a cabo una investigación sobre los hechos ocurridos la mañana del 30 de noviembre en los que un periodista se vio vulnerado en su persona y propiedad al realizar su trabajo en un espacio público.
Quinto.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, a fin de que lleve a cabo una investigación sobre los hechos ocurridos la mañana del 30 de noviembre en los que un periodista se vio vulnerado en su persona y propiedad al realizar su trabajo en un espacio público, además, para que tenga a bien considerar pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atraiga dicha investigación por su trascendencia.
