Desde el comienzo de la lucha frontal al crimen organizado, en 2007, los asesinatos cometidos con armas de fuego ocasionaron que 53 mil 202 personas enviudaran en el país; Guerrero, Estado de México y Chihuahua son las entidades con más casos de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Del total, 91 de cada 100 que perdieron a su cónyuge fueron mujeres, lo que deja una cifra real de 48 mil 414 afectadas; mientras que 4 mil 788 corresponde a hombres.
Los enfrentamientos entre los cárteles de la droga y las fuerzas de seguridad federal provocaron que 182 mil 101 personas perdieran la vida de forma violenta, de las cuales 29 por ciento tenía pareja.
Pese a a los esfuerzos de distintos sexenios, la ola de violencia por armas de fuego ha provocado las cifras más altas de viudez en México durante 2018: el Inegi registró que 5 mil 796 personas casadas perdieron la vida por el ataque de una pistola o rifle.
Para tener una cifra similar se debe regresar a 2011, uno de los años más sangrientos en la historia del país, cuando se reportaron 5 mil 437 asesinatos de población desposada. María enviudó en abril pasado.
Ella y su esposo Daniel habilitaron una parte de su vivienda como una tlapalería en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en Ecatepec, Estado de México, y tras varios años de trabajo comenzaron a recibir llamadas anónimas de gente que se identificaba como integrantes de la Familia Michoacana, que les exigían más de 10 mil pesos mensuales por “derecho de piso”.
Tras negarse a pagar, la pareja decidió cerrar el negocio que por cinco años fue su único ingreso económico. Los criminales vieron esto como un acto de rebeldía y decidieron atacar a Daniel afuera de su casa.
Al no contar con el dinero, prometió entregar los 10 mil pesos días después. El matrimonio decidió mudarse sin avisar, pero los delincuentes los tenían vigilados y, en cuanto salieron con apenas una moda de ropa y una maleta, un hombre armado se acercó a Daniel y le disparó en dos ocasiones en el pecho.
Desprotegida, María tuvo que regresar a casa de sus padres en Hidalgo; asegura que buscó ayuda de la Policía Ministerial para investigar la muerte de su esposo, pero no recibió ninguna señal.
No está interesada en solicitar apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque ya no confía en que las autoridades le ayuden a recuperar algo de su patrimonio.
