En Sesión Ordinaria del Congreso del Estado de Chihuahua, se exhortó al titular del Ejecutivo Federal, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que por medio de la titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), modifique la decisión de trasladar la tramitación de los asuntos de competencia de la Dirección Local a las oficinas centrales, como consecuencia del despido del personal de confianza. Asimismo, se pidió a la titular de la Comisión Nacional del Agua, Doctora Blanca Jiménez Cisneros, para que realice las acciones necesarias para garantizar el inicio y prosecución del ciclo agrícola y el respectivo suministro del agua a los agricultores chihuahuenses, de los distritos de riego que contribuyan a la actividad agrícola de la Entidad. Dichas peticiones, fueron aprobadas de manera urgente por integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, dado a la iniciativa presentada por el diputado del PAN, Jesús Villarreal Macías, quien refirió lo siguiente: El día de ayer nos sorprendió el Comunicado de Prensa No. 0153-21, realizado en Twitter así como en la página de la dependencia, por medio del cual la Comisión Nacional del Agua en voz de su Directora General, declaró los siguiente: “…se determinó llevar a cabo la renovación de personal adscrito a la Dirección Local en el estado de Chihuahua”, dicha declaración implica el despido del personal de confianza que comprende a cerca de 40 empleados, todos por estar implicados en supuestos casos de corrupción o malos manejos, sin especificar conductas o personas, según describe el propio comunicado”. La acción referida, dejaría a la dependencia federal imposibilitada para cumplir con la atención de miles de trámites locales, que son necesarios desahogar para la atención oportuna de asuntos tan vitales como los que implica la materia del agua y de las actividades que dependen de ella; agregó el Legislador. De acuerdo a lo externado por Villarreal Macías, con dicha acción, el Gobierno Federal, pretende una supuesta acción de combate a la corrupción y mejoramiento del servicio del agua, sin embargo, se ha manipulado el tema del agua para intereses que no son los de los agricultores, pues el despido de los empleados referidos, supone que no habrá el personal necesario para realizar las acciones requeridas e incluso se podrían retrasar las respuestas a las distintas gestiones que tengan que realizar los agricultores, además de algunas otras autoridades de la Entidad. Aunado a lo anterior, señaló que tal decisión, representa un serio peligro para el inicio del ciclo agrícola, ya de por sí diezmado por las extracciones del agua realizadas el año pasado; por ello, es que se hace el atento y urgente llamado a las instancias en materia, para que se realicen acciones en beneficio de los agricultores del campo chihuahuense, concluyó. —- Insiste Congreso de Chihuahua en solicitar investigación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó al titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, a efecto de que se realice una auditoría en razón de la gestión y manejo respecto del programa federal denominado Jóvenes Construyendo el Futuro. Asimismo, se investigue, en base a los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, las conductas de las y los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, se apliquen las denuncias y sanciones correspondientes ante la Fiscalía General de la Republica, así como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El exhorto aprobado de manera urgente, fue presentado por el diputado del PAN, Jesús Villarreal Macías, quien expuso que en reiteradas ocasiones se han señalado malos manejos en el programa en mención, tras la posible ausencia de control en su operación, lo que hace que la corrupción se abra paso con el desvío de recursos públicos. Refirió sobre supuestas acciones en donde se realizan simulaciones planeadas y ejecutadas por funcionarios, en donde inscriben a jóvenes en dicho programa para solo entregar una parte del recurso a los beneficiarios, para hacer más cómoda la contienda electoral. Por último, recordó que el uso de programas sociales con fines electorales, es un delito, de los cuales la propia Constitución Federal concede el uso de la presión preventiva oficiosa; es por ello, que de nueva cuenta se hace el llamado a las instancias federales para que se dé atención a la petición en materia.