Vacíos legales y débiles tareas de vigilancia del árbitro electoral generan que políticos que buscan llegar a otro cargo se promocionen en sus estados, lo que provoca inequidad en la contienda, advierten especialistas.
A más de 12 meses de las elecciones de 6 junio del 2027 y sin que haya arrancado el proceso de manera formal, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) ya contabilizan 416 quejas en contra de personajes políticos que, acusan, ya realizan tareas de posicionamiento.
Vacíos legales y débiles tareas de vigilancia de los árbitros electorales nacional y locales generan que la ola de políticos que buscan llegar a otro cargo se promocionen, pues a la fecha solo se han emitido 15 medidas cautelares que buscan impedir la inequidad y una cancha dispareja para los participantes en las elecciones federales y locales que vienen.
Unos con más y otros con menos protagonismo y recursos, pero ya hay aspirantes a candidatos, encubiertos bajo las figuras de coordinadores en “Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” promovidos por Morena y sus aliados; “Guardianes Verdes” del Partido Verde (PVEM); “Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad”, del PAN y “Defensores de México”, del PRI.
El consejero del INE Arturo Castillo Loza urgió desde marzo, en privado y en sesiones públicas, emitir lineamientos que regulen las actividades en este periodo, pues a pesar de que no puede considerarse como precampaña porque el Proceso Electoral Federal (2026-2027) arranca hasta septiembre, ha advertido que esto podría impactar en la equidad en esa elección.
De acuerdo a sus datos, no se trata de solo unos casos aislados, sino que ya comenzó el gasto y la difusión en medios de comunicación nacional, y eso podría generar una cancha dispareja que ya no podría corregirse.
Según datos del INE ya se reportan reclamos por inacción de la autoridad electoral en, al menos, 13 entidades federativas.
“Los datos más recientes proporcionados por nuestras 32 Vocalías Ejecutivas reportan hallazgos en 29 entidades federativas, propaganda impresa y digital en 26 entidades, al menos 11 entrevistas en medios nacionales por parte de personas que aspiran a cargos políticos y de elección popular”, indica.
A eso se agregan 39 renuncias o licencias de personas en 14 entidades que aspiran a esos mismos cargos, por lo que su despliegue es inminente.
“También se reporta la presentación de ya 416 quejas o denuncias a lo largo de 23 entidades federativas, incluida una denuncia de hechos por parte de una Vocalía Ejecutiva del Instituto”.
Responsabilidad de los partidos
Para Daniela Arias, coordinadora de Laboratorio Electoral, los primeros responsables de esta situación de ilegalidad son los partidos políticos, pues prácticamente todos han incurrido en ese tipo de actos adelantados y, vía sus legisladores, no han establecido suficientes candados en la ley para frenar esas conductas.
“El primer responsable de esto, pues evidentemente son los partidos políticos, pero el segundo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque el INE independientemente de la división que hubiera en el Consejo General, ha intentado regular y los magistrados revocaron las normas que se había acordado establecer en 2023”, señala.
Así, las responsabilidades se extienden a quienes deberían ser garantes de que las leyes se respeten y las elecciones sean íntegras.
