Aún y cuando de forma evidente Pensiones Civiles del Estado realizó compras indebidas a farmacias que luego se dijo que no cumplían con las condiciones necesarias para ser proveedores de medicamento y que algunos otros servicios están en tela de duda, el director Alberto Herrera González, descalificó los señalamientos que se le hacen.
Dijo que todas las compras de medicamentos que llevó a cabo la institución se hicieron para resolver “la gravísima situación de desabasto que enfrentaba la institución en su momento, lo cual puso en riesgo la salud de los más de 86 mil beneficiarios del servicio médico”, pero el funcionario no explicó a cabalidad el sobreprecio en los medicamentos y la forma en que se decidió hacer esas compras beneficiando a empresas que se les liga de forma directa a funcionarios públicos y personas cercanas al propio gobernador Javier Corral Jurado.
Acerca del señalamiento de que no se justificaron las adquisiciones mediante el procedimiento que usó PCE, Herrera González negó tal afirmación, ya que el procedimiento –dijo él- resultó de un dictamen emitido por el Comité de Adquisiciones de la Institución, en el cual se determinó la conveniencia de realizar la operación, toda vez que fueron satisfechos los requisitos legales.
En este procedimiento participaron 50 proveedores; de los cuales, fueron seleccionados 35 para otorgar los contratos, asegurando con esto los conceptos de economía, eficacia, imparcialidad y honradez al elegir a proveedores con solvencia moral y en condiciones de resolver las condiciones de desabasto.
El Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios está integrado por los titulares de las áreas estratégicas de la Institución, para garantizar el concepto de eficiencia de sus operaciones, lo que de suyo no es garantía de nada.
Insistió en que el procedimiento aplicado cumplió con todas las condiciones que establece la legislación estatal en materia de adquisiciones por lo cual el Director negó la afirmación de que resultaba improcedente el otorgamiento de los contratos.
Del señalamiento que se hace en algunos medios de comunicación en el sentido de que se hicieron “compras innecesarias”, Herrera rechazó tal aseveración, ya que fue del conocimiento de la opinión pública las condiciones de desabasto en que se encontraban las existencias de medicamentos y los múltiples señalamientos de los mismos derechohabientes de la Institución.
En relación a la auditoría practicada por la ASE, comentó que el 27 de octubre de 2017, se dio respuesta a todas las observaciones y señalamientos planteados por el ente auditor, haciendo énfasis en lo relacionado con los sobreprecios.
“Descalifico por improcedente; niego rotundamente, el concepto a que se refiere porque en ningún momento se destinó un recurso en adquisición e insumos de manera irregular”, concluyó el titular de Pensiones Civiles del Estado.