En los 116 días que lleva este gobierno, la asignación de los contratos de obras públicas ha sido directa, reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
En lo que va de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 74 por ciento del mecanismo de licitación pública ha sido mediante adjudicación directa de los contratos registrados en Compranet, reveló este jueves una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De 28 mil 458 contratos subidos a la plataforma, solo en el 18.3 por ciento se utilizó la licitación pública y en el 7 por ciento la invitación restringida.
Según lo publicado, en los 116 días que lleva este gobierno se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que “va en contra del espíritu de la constitución y sus principios –eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez- y sus leyes secundarias”, reveló la organización.
De acuerdo con Compranet –página oficial del Gobierno Federal- durante 2019 el mecanismo de licitación pública ha sido utilizado solamente en el 18% del total de contratos (28,458) mientras que la invitación restringida a cuando menos tres personas en 7 por ciento y la adjudicación directa en el 74 por ciento de los casos.
Un ejemplo de las adjudicaciones fue el 24 de enero de 2019 se informó la compra por parte de una filial no paraestatal de PEMEX (la encargada de la construcción de la Estela de Luz) de 671 pipas para transporte de combustible por un total de 1,765 millones de pesos mediante asignación directa a cuatro empresas extranjeras y dos mexicanas.
MCCI detalla que este patrón de comportamiento se ha justificado con base en argumentos ad hoc de emergencia nacional, urgencia, prisa, sostener el “ritmo de la nueva estrategia del Gobierno por acelerar la producción nacional” o, incluso, en la afirmación del Presidente de que ¡actuamos de esta manera porque no queremos que en estas obras tan importantes las empresas no tengan capacidad profesional, capacidad económica y, sobre todo, que no sean empresas con dimensión ética.
