“Tendrá que someterse a consideración de las y los diputados locales del estado de Chihuahua y si ellos determinan la viabilidad de una figura de este tipo”, fue la respuesta del secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, en relación a la prohibición de corridos alusivos al crimen organizado o “narco corridos” a través de una iniciativa de ley federal.
Según el funcionario estatal la propuesta de prohibir corridos que aluden al crimen organizado deberá ser analizada por el Congreso local de Chihuahua. Así lo indicó el secretario general de Gobierno al referirse a una posible iniciativa estatal. La decisión final dependerá de las y los diputados.
Asimismo, recordó que el tema ha recobrado fuerza tras un episodio reciente ocurrido en Jalisco. A partir de ese hecho, se ha planteado limitar espectáculos donde se difunda apología del delito. Esto incluye contenidos que enaltezcan a personas vinculadas con actividades criminales.
De la Peña Grajeda mencionó como antecedente el reglamento municipal vigente en Chihuahua desde 2014 o 2015, el cual fue parte de éste como titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua. Este instrumento, dijo, ha sido tomado como ejemplo a nivel nacional. Aguascalientes y Jalisco ya han desarrollado legislación estatal en ese sentido.
El secretario recordó que el tema también se relaciona con la libertad de expresión. Señaló que los gobiernos deben respetar este derecho fundamental. Sin embargo, aclaró que ciertas regulaciones pueden aplicar a espectáculos que requieren permisos oficiales.
El funcionario estatal señaló que desde el punto de vista institucional, resulta contradictorio que la autoridad autorice contenidos que enaltezcan actividades delictivas. Ese fue el criterio que se aplicó en su momento en el municipio de Chihuahua. El objetivo es evitar la difusión de mensajes que promuevan la violencia.
Finalmente, se mencionó que no existe aún una iniciativa formal en el Congreso local. La regulación vigente en el municipio de Chihuahua sigue siendo la referencia principal. Cualquier avance dependerá de lo que determinen las y los legisladores estatales.
