La diputada del Movimiento Ciudadano en la comparecencia del Gobernador Javier Corral ante el Congreso, puso el énfasis en el tema del asesinato de Jessica Silva y de que la Fiscalía General del Estado entregó la carpeta de investigación de ese asesinato en manos de las autoridades federales, investigación que sigue sin generar justicia.
A continuación compartimos integra la participación de la diputada:
Buenos días / Buenas tardes:
Doy la más respetuosa y cordial bienvenida al Sr. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Lic. Javier Corral Jurado, al H. Congreso del Estado.
Con su permiso Diputada Presidenta.
En representación del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, voy a permitirme iniciar mi participación respecto a un asunto que es de todas y todos los chihuahuenses muy conocido; un asunto que, para aquéllos que quieren olvidar el agravio ocasionado a una familia y al pueblo valiente de Chihuahua, es historia; pero para quienes exigimos justicia inmediata, para quienes seguimos confiando en que las instituciones deben ser la fortaleza y la esperanza de un México más promisorio es, y seguirá siendo un asunto vigente, y modelo indiscutible de lo que jamás debe sucederle a ningún mexicano cuando defiende sus derechos más elementales, y cuando por ello, quienes son responsables de nuestra seguridad y nuestra vida, pierden el sentido de la alta responsabilidad que tienen, y atacan por sí mismos, o por mandato, hasta acabar con la vida de ciudadanas y ciudadanos inocentes, o atentar contra ellos de manera despiadada.
Con esto dicho, hago referencia al pasado 8 de septiembre, el día en que los agricultores Jaime Torres y su esposa Jéssica Silva, regresaban a casa después de participar en la legítima lucha que mantienen los productores de Chihuahua por la defensa del agua, tratando de impedir que la Comisión Nacional del Agua siga extrayendo el vital líquido de la Presa “La Boquilla”; la cual, desde la intensificación del conflicto, fue vigilada por la Guardia Nacional. En el trayecto a su domicilio, según la declaración de Jaime Torres, el matrimonio fue atacado con armas de grueso calibre por elementos de la citada institución, asesinando a Jéssica, y situando a Jaime al borde de la muerte. En la balanza ponemos, por un lado, el resguardo de la Guardia Nacional a la presa, y por otro, el hecho en el que atacaron a Jaime Torres y su esposa Jéssica Silva al grado de ejecutar a esta última. Estamos ciertos de que el primero lo hacen en cumplimiento de un mandato superior, pero el segundo de los hechos, en absoluto puede ser proporcional; y es totalmente reprobable, e indigno de las instituciones del Estado.
A pesar de que los hechos fueron evidentes, de que hubo varios testigos que expresaron de manera pública e inmediata su testimonio; de que se obtuvieron otros elementos probatorios de fundamental importancia; y de que las autoridades de Chihuahua actuaron de manera expedita para demostrar la responsabilidad de los elementos castrenses que atacaron sin ningún motivo a la pareja de agricultores, resultó que diez días después todavía, de manera increíble y vergonzosa, en la conferencia mañanera del viernes 18 de septiembre, el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, aún se atrevía a sostener ante la nación entera, que los agricultores Jaime y Jéssica, y otros más, atacaron a los agentes, amenazándolos con lanzarles granadas de fragmentación. De esa manera, Rodríguez Bucio, desde su posición de poder, criminaliza ante la opinión pública nacional a un matrimonio inocente, padres de tres hijos, cuya madre perdió la vida como producto de una ejecución extrajudicial, lo cual nos indigna, nos ofende y nos duele; porque indudablemente a los chihuahuenses nos duele la muerte de Jessica y las lesiones de Jaime, quienes lucharon de manera legítima por defender el agua que da sustento a quienes de manera honesta se dedican a las actividades agrícolas en la zona centro del estado de Chihuahua , pero también el profundo y permanente daño psicológico que causó en la familia, en sus hijos; nos agravia la mentira, la indolencia del Palacio Nacional, la falta de empatía con quienes perdieron el pilar fundamental del núcleo familiar. Y por eso no nos tiembla la voz para afirmar que, tratar de cambiar la versión de lo sucedido, con la intención de justificar una acción criminal, también viola el estado de derecho.
De acuerdo a la información que hemos recabado, hoy sabemos que hay suficientes elementos para formalizar imputaciones en contra de los verdaderos responsables del artero crimen, y esos elementos de prueba se deben utilizar para impedir que la Presidencia de la República manipule la información oficial, con el malsano propósito de que las y los mexicanos, crean que en Chihuahua se está tratando con criminales que son capaces de atentar contra las instituciones del Estado mexicano, o que el hecho fue un accidente; pero sobre todo, para lograr que los responsables comparezcan ante los tribunales federales por lo que se presume, fue una ejecución extrajudicial en la que perdió la vida Jéssica Silva, y de un homicidio en grado de tentativa, el cual afectó para siempre la calidad de vida de Jaime Torres, de su dos hijos y su hija.
A un mes de estos lamentables hechos, los que permanecerán para siempre en la memoria de las y los chihuahuenses, y registrados en la historia de México para vergüenza de quienes conducen las instituciones responsables de garantizar nuestra seguridad y nuestra vida, sabemos que, debido al origen federal de los acusados como perpetradores de este crimen que nos lastimará para siempre, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua entregó la carpeta de investigación del homicidio de la agricultora Jessica Silva Zamarripa y del atentado y los daños contra Jaime Torres, a la Fiscalía General de la República, en cuyo expediente se incluyeron todos los datos de prueba, y los testimonios suficientes que establecen que las versiones que originalmente se dieron por parte de las autoridades, han quedado desvirtuadas, y desde luego que eso nos preocupa, porque las y los chihuahuenses, que esperamos la acción imparcial y pulcra de las instituciones procuradoras y administradoras de justicia del ámbito federal, de ninguna manera vamos a admitir una verdad distinta a la que, gracias a la investigación científica sobre los criminales hechos, respecto a los cuales reclamamos justicia una vez más, ha quedado demostrada ya por nuestras autoridades locales.
También conocemos de las quejas que por la violación de los derechos humanos más elementales que afectaron la vida y la salud de Jéssica y Jaime, fueron interpuestas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y que ahora han sido turnadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien le corresponde la competencia por tratarse de servidores públicos federales, y quienes se encuentran realizando las acciones pertinentes respecto al caso.
Por lo anteriormente expuesto, no podemos desperdiciar la oportunidad, ante la presencia del titular del Poder Ejecutivo Estatal, el Señor Gobernador Javier Corral Jurado en esta tribuna del pueblo de Chihuahua, para solicitarle respetuosamente, en primer término, la información más precisa y exacta posible respecto al actuar de las autoridades competentes en la entidad, sobre el asunto que hoy exponemos de nueva cuenta públicamente como representantes del pueblo chihuahuense desde el Poder Legislativo, y nos comparta su opinión institucional sobre los hechos señalados; y por otro lado, para que disponga de todos los medios al alcance del Estado, para coadyuvar en la medida de sus atribuciones ante las instituciones procuradoras y administradoras de justicia del ámbito federal, así como ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta alcanzar, para Jéssica Silva, Jaime Torres, sus padres, sus hermanas y hermanos, pero sobre todo para su hija y sus hijos, una resolución en la que resplandezca la verdad y la justicia, esa a la que aspiramos todas y todos los mexicanos como una lección para la posteridad y la historia, y que la sangre derramada de una mujer valiente que luchó por lo nuestro a costa de su vida, no sea en vano.
Fin del texto leído por la diputada.
En respuesta el gobernador Javier Corral volvió a señalar que su compromiso era que ese crimen no quede impune.
