La defensa de Rosario Robles solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita una recomendación para que se “apliquen medidas cautelares” y cesen de inmediato las acciones que mantienen encarcelada “ilegalmente” a la ex secretaria de Desarrollo Social, acusada del uso indebido del servicio público.
Julio Hernández Barros, quien encabeza la defensa de Robles, en compañía de Xavier Olea Trueheart, y Magin Puig, abogado que reside en Washington, presentaron una queja ante la CIDH, por considerar que el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa contra la ex secretaria.
En la queja contra el Estado, en específico contra el juez que es sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna Luna, se menciona que se violó flagrantemente la Constitución, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al decretar una detención ilegal.
Indicaron que los sucesos materia de la denuncia se encuentran en trámite ante diversas autoridades de México, pero subrayaron que no existe duda “de que se trata de una detención ilegal”.
Los abogados señalaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas, lo único que hace es retardar el acceso a su derecho y prolongar innecesariamente el ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto Rosario Robles y que de manera infundada e imparcial el juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva que se contempla en nuestro ordenamiento legal, es decir, la prisión preventiva.
“Con lo anterior el juzgador cometió una flagrante violación al principio de justificación, mínima intervención y proporcionalidad, pues resulta evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a la hoy víctima y las circunstancias del caso en concreto”, puntualizaron.
Además de presentar pruebas y argumentos, entre las que incluyen el parentesco confirmado del juzgador con Dolores Padierna, la defensa legal solicitó a la CIDH “se apliquen medidas cautelares, para que cesen de inmediato las acciones que mantienen a la hoy víctima María del Rosario Robles Berlanga privada ilegalmente de su libertad y sometida a un encarcelamiento ilegal y arbitrario por parte del Estado Mexicano”.
De igual manera, demandaron que se tome en cuenta que Rosario Robles enfrenta a una situación especialmente grave, porque la tienen detenida de forma arbitraria, en ausencia total de datos de prueba que justifiquen una prisión preventiva y declarando dogmáticamente que hay riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia, cuando su conducta procesal y el cúmulo de pruebas aportadas demuestran exactamente lo contrario.
“No cabe duda de que estamos en una situación urgente, se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar, ya que cada día que pasa es un día más que la mantienen privada de la libertad en forma ilegal”, establece la denuncia.
Los abogados explicaron además que el daño que causa la conducta de la autoridad a la esfera de derechos humanos es irreparable, lo que se traduce en que una grave afectación sobre sus derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.
