La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó a un juez federal que atienda el caso de 21 policías del municipio de Iguala, Guerrero, acusados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de haber actuado contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los quejosos dijeron al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que fueron privados de su libertad “injustamente” hace seis años por el caso de los estudiantes atacados por el grupo criminal Guerreros Unidos.
“Acudimos a usted ya que debido a nuestra extrema pobreza nos encontramos en total estado de abandono (…) ya hemos solicitado los cierres de instrucción de nuestras causas y los jueces tampoco nos lo dan, todo lo que promovemos y solicitamos nos ponen trabas estos años, en nuestro proceso no se ha aportado mucho por parte de nuestra defensa.
“Solicitamos se nos proporcione un juicio apegado a la legalidad en las causas penales 1/2018, 4/2018 y sus acumuladas 5/2018, 6/2018, 7/2018, 66/2015, todas radicadas en el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federal en el estado de Tamaulipas”, indica el expediente radicado en la SCJN.
Atendiendo al derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, el ministro Arturo Zaldívar ordenó remitir al juzgado de Tamaulipas el escrito de los policías para que atienda el caso.
Por lo que respecta a su manifestación relativas a que carecen de defensa adecuada, el presidente de la Corte pidió al Instituto Federal de Defensoría Pública que también atienda el asunto.
Los policías se encuentran presos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, de El Rincón, en Tepic, Nayarit.
Se trata de los policías Emilio Torres Quezada, Raúl Cisneros García, Baltazar Martínez Casarrubias, Abraham Julián Acevedo Popoca, Miguel Ángel Hernández Morales, José Vicencio Flores, Iván Armando Hurtado Hernández, Zulaid Marino Rodríguez, Salvador Herrera Román, Osvaldo Arturo Vázquez Castillo, Mario Cervantes Contreras, Juan Luis Hidalgo Pérez, Arturo Calvario Villalba, Rubén Alday Marín, Alejandro Andrade de la Cruz, Hugo Salgado Wences, Nicolás Delgado Arellano, Fausto Bruno Heredia, Fernando Delgado Sánchez, Esteban Ocampo Landa y Hugo.
De acuerdo con antecedentes del caso, las armas de cargo de los policías dieron positivo a la prueba lunge, esto es que fueron disparadas.
Mientras que la mayor parte de ellos dieron positivo a la prueba de rodizonato de sodio (residuos de plomo y bario, producto característico a la deflagración de proyectil de arma de fuego). Los agentes municipales declararon que no agredieron a ni una persona; pero tres de ellos aceptaron haber disparado al aire.
Dos manifestaron que se encontraban en la unidad 028; uno más aseguró haber detenido a cinco personas por encontrarse en estado de ebriedad y Hugo Hernández manifestó haber visto a diez detenidos en el patio de su comandancia, pero puntualizó que fueron sustraídos de ese lugar por otros elementos de la corporación, de quienes desconocía sus nombres, mismos que se los llevaron a bordo de dos patrullas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero ejerció penal contra los policías el 29 de septiembre de 2014; después, el 3 de octubre, dentro del desglose que se apertura, se recabó la testimonial de dos servidores públicos del Ayuntamiento de Iguala, quienes manifestaron que Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal de Iguala, ordenó la detención de los estudiantes de Ayotzinapa.
