De cara a la realización de la consulta que promueve el Ejecutivo Federal, que busca “enjuiciar” a los últimos expresidentes del país, el Comité Directivo Estatal del PRI, precisó su inconformidad con un ejercicio que se perfila para ser un claro distractor de la situación real que atraviesa el país.
En voz del presidente del comité directivo, César Alejandro Domínguez, reafirmó que el alto cósto que representa la ejecución del ejercicio de dicha consulta, que superará los 500 millones de pesos es un agravio para todos los mexicanos.
“Tenemos una seria crisis económica y presupuestal en casi todas las áreas de la salud, lo más sentido lo vemos en la falta de abasto de medicamentos para quimioterapias de pacientes con cáncer, aun así se da luz verde a una consulta sin pies ni cabeza”. “Si se tiene que someter a juicio a cualquier persona, incluso el presidente de la República, no se necesita autorización social”, reiteró.
Una pregunta, que con todo y modificación de enfoque afianza desde ya el sentido de la votación, porque todos estamos a favor de la lucha anticorrupción, señaló el dirigente.
Afirmó que el combate legítimo a la corrupción tiene su completa efectividad siempre y cuando no se use como un instrumento de presión política y persecución.
La consulta programada para el próximo 1 de agosto, con la instalación de 59 mil casillas o mesas receptoras representa un claro desgaste de recursos materiales y humanos para la autoridad electoral, que por cierto el presidente se ha empeñado en deslegitimizar, afirmó Alejandro Domínguez.
