El día de hoy en el Congreso del Estado se presentan las cuentas públicas de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, Instituto Chihuahuense de la Salud, Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de la Salud y en todas ellas el dictamen señala la existencia de irregularidades que pudieran ser la consecución de un delito, motivo por el cual la Comisión de Fiscalización pide se de vista a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Especial Anticorrupción y a la Fiscalía General de la República para que investiguen y castiguen a los culpables.
En el caso de la cuenta pública del Instituto Chihuahuense de la Salud, señalan la compra de medicamento con un sobreprecio de hasta el 178% y la adjudicación directa de esas compras a la farmacia Egro.
Motivo por el cual solicitan se habrá una investigación contra el ex titular de la Secretaría de Salud, el teniente coronel Ernesto Dávila y la farmacia en cuestión, ya que la compra de esas medicinas supone un daño de más de 90 millones de pesos al erario estatal, al pagar casi al triple el precio de las medicinas adquiridas.
El dictamen sobre la cuenta pública de Pensiones Civiles del Estado solicita a la fiscalía especial anticorrupción realice investigaciones y señale a los culpables “del cobro y no entero” de las aportaciones a favor de pensiones.
Dicho dictamen establece que hay organismos descentralizados de Gobierno, como la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Poder Judicial, quienes a sus empleados si le hacen el descuento sobre su prestación de salud, pero que ese dinero no llegó a las arcas de Pensiones, lo que de suyo habla de un daño a las finanzas públicas de más de 400 millones de pesos.
Sobre la cuenta pública de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, solicita a la Fiscalía anti Corrupción investigue con cargos penales al titular de la Secretaría de Hacienda Estatal, Arturo Fuentes Vélez por su presunta culpabilidad de cobrar el llamado impuesto sobre nómina y no entregarlo en tiempo y forma a la FECHAC, además del supuesto de que esos recursos fueron utilizados con otros fines, situación que de suyo es un acto tipificado como delito.
Fuentes internas de la Auditoria Superior del Estado, señalan que hay cerca de 50 funcionarios estatales con señalamientos graves que pueden dar cabida a sanciones administrativas como sería la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público y hasta para que se inicien procesos penales en su contra.
