Debido a que el ganadero Héctor Hugo Pérez Robles, presentó una denuncia de hechos por administración fraudulenta en contra de Jorge Contreras Villarreal, actual administrador de los ranchos incautados al ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez y en contra de Eduardo Fernández actual administrador general de la Fiscalía General del Estado y de David Ramírez, Director de Fideicomisos de la Fiscalía, fueron llamados a comparecer ante un juez para presentarles la causa en su contra.
La audiencia está programada para este mismo viernes 24 de julio a las dos de la tarde, en la Ciudad Judicial de esta capital, a donde se espera acudan a comparecer los tres antes mencionados.
Cabe señalar que la denuncia de hechos encausada como “administración fraudulenta”, que presentó el ganadero Héctor Hugo Pérez, en un principio fue desechada por un juez, al considerar que el demandante no tenía motivación legal para una denuncia de esa naturaleza.
Pero los abogados del demandante, metieron un recurso legal para desechar la postura inicial del juez, sosteniendo que los hechos denunciados iniciaron cunado Héctor Hugo era el administrador legal de esas propiedades incautadas al ex gobernador y que lo realizado por Jorge Contreras y autorizado por David Ramírez y Eduardo Fernández, lo afectaban de forma directa a él por los contratos que el tenía con la Fiscalía General del Estado en relación a las operaciones y administración de esos bienes.
Tras ese recurso, el juez admitió la causa y señaló este viernes 24 de julio para realizar la primera audiencia y señalar imputados.
De esta forma el nuevo administrador de esos bienes y los funcionarios de la Fiscalía General del Estado, ahora tendrán que explicar ante un juez y presentar las pruebas de los contratos que deben de existir entre la Fiscalía General del Estado, del nuevo administrador y el proceso legal de entrega recepción que se debió de cumplir para finiquitar el contrato que Héctor Hugo Pérez tenía con la propia fiscalía para la administración de esos bienes y propiedades.
En caso de que los imputados no entreguen las pruebas que amparen ese cambio de administración, según detallan de la parte demandante se podrían hacer acreedores a sanciones administrativas y hasta penales por el daño causado al demandante y al propio estado si se comprueba una administración fraudulenta.
