Becas no frenan el abandono escolar: ASF: resultados de la Cuenta Pública 2018

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La entrega de becas fue poco eficiente y transparente durante el sexenio pasado.

Aunque entre 2014 y 2018 el gobierno otorgó 41 millones 438 mil 500 de estos apoyos a través de 22 instancias educativas, no se redujo el abandono escolar ni mejoró la eficiencia terminal en los tres niveles educativos.

En su revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que los informes no permitieron determinar quiénes recibieron las becas de los distintos programas, sus características, el tipo de apoyo otorgado y si cada uno de los programas presupuestarios contaron con mecanismos para la depuración y actualización de los padrones de los beneficiarios.

Tampoco pudieron identificarse los recursos destinados al otorgamiento de las becas por nivel educativo en esos cuatro años. No todos los operadores de la política pública integraron esa información en la Cuenta Pública, por lo que no fue posible determinar cuánto representó el gasto ejercido en becas respecto del gasto total en educación.

Además, no existió una categoría programática específica que organizara el gasto de los diferentes programas presupuestarios de becas, lo que ocasionó que se asignaran recursos de forma dispersa.

Los recursos ejercidos en becas para dicho periodo disminuyeron en 3.2%, al pasar de 64 mil 410 millones de pesos en 2014 a 56 mil 645 millones de pesos en 2018.

De acuerdo con la ASF, el Sistema Nacional de Becas no aseguró una mayor cobertura, inclusión y calidad educativa.

DESORDEN EN BECAS EDUCATIVAS: ASF

Entre 2014 y 2018, el gobierno federal otorgó 41 millones 438 mil 500  becas a  través de 22 instancias educativas. Sin embargo éstas no permitieron reducir el abandono escolar ni mejorar la eficiencia terminal en los tres niveles educativos, advierte  la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de la Cuenta Pública 2018.

Además, los informes de rendición de cuentas no permitieron determinar quiénes recibieron las becas, sus características, el tipo de beca otorgado y si cada uno de los programas presupuestarios contaron con mecanismos para la depuración y actualización de los padrones de los beneficiarios.

Tampoco se pudieron identificar  los recursos destinados al otorgamiento de las becas, por nivel educativo, en esos cuatro años,  toda vez que no todos los operadores de la política pública integraron esta información en la Cuenta Pública, por lo que no fue  posible determinar cuánto representó el gasto ejercido en becas, respecto del gasto total en educación, y no existió una categoría programática específica que organizara el gasto de los diferentes programas presupuestarios de becas, lo que ocasionó que se asignaran recursos de forma dispersa.

En total, los recursos financieros ejercidos en el periodo 2014-2018, en el otorgamiento de becas educativas, disminuyeron 3.2%, en términos reales, al pasar de 64 mil 410  millones de pesos en 2014 a 56 mil 645 millones en 2018.

Ante ello, de acuerdo  con la ASF,  a cinco años de que el gobierno federal planteó la creación de un Sistema Nacional de Becas  para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes y niños provenientes de familias de bajos recursos, por deficiencias normativas, éste no se conformó, por lo que no se aseguró una mayor cobertura, inclusión y calidad educativa.

“Por lo que se refiere a la eficiencia terminal y abandono escolar, ninguna de las 22 instancias ejecutoras que otorgaron becas educativas acreditaron la contribución de éstas en la mejora de la eficiencia terminal y en la reducción del abandono escolar en los tres niveles educativos, durante el periodo 2014-2018”, indica el informe de la ASF.

La Auditoria detectó que tampoco se implementaron modalidades de becas con el propósito de lograr el acceso de toda persona al Sistema Educativo Nacional (SEN) pues sólo se enfocaron en atender a quienes ya se encontraban inscritos en los servicios educativos, sin tomar en cuenta aquellos que no ingresaron a la escuela.

Durante el ciclo escolar 2017-2018, alrededor de un millón 190 mil estudiantes abandonaron sus estudios y  un millón 928 mil reprobaron el nivel educativo en el que se encontraban en el referido ciclo escolar.

Los datos recopilados por la SEP indican que el  abandono escolar asciende a 0.8% en primaria, 4.9% en secundaria, 13.3% en media superior y 6.8% en educación superior.

Cada minuto, de acuerdo con la SEP, renuncian a la escuela dos alumnos. Así, de cada 100 alumnos que ingresan al sistema, 92 egresan de la primaria, 88 entran a la secundaria, 72 se gradúan, 70 ingresan al nivel medio superior, 46 concluyen (45 de bachillerato y 1 como profesional técnico), 34 ingresan a la licenciatura y 24 la terminan.

Esto quiere decir que  76 alumnos de cada 100 que ingresaron al SEN no finalizaron sus estudios hasta el nivel superior

En este contexto, la Auditoría refiere que la política pública de becas educativas continuó operando de manera desarticulada, debido a la carencia de un diagnóstico integral donde se identifique la problemática central que se pretende resolver con la implementación de los programas de becas en los tres niveles educativos.

Asimismo, prevalece un abandono escolar constante en cada ciclo escolar del periodo señalado, toda vez que el gobierno federal no conformó un Sistema Nacional de Becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre niños y jóvenes provenientes de familias de bajos recursos, que facilite la administración de las becas y asegurar que las personas que la requieran realmente la reciban”, concluyó.

En cuanto a la integración de padrones, la ASF  encontró que de las  21  instancias ejecutoras que tenían la obligación de reportar sus padrones al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales —salvo Semar, que fue la única que no se consideró en los criterios a pesar de que otorgó becas a hijos de militares—, 17  tuvieron reportes de sus padrones,  mientras que cuatro, entre ellas la UNAM  y Sedena, no tuvieron reportes en ningún año, lo que implica el riesgo de que los beneficiarios establecidos en sus padrones no correspondan con la población objetivo de cada uno de los programas; no se corrijan las posibles duplicidades o irregularidades en el otorgamiento de los beneficios, y no se asegure un eficiente ejercicio de los recursos.