El diputado local y presidente estatal PRI, Omar Bazán Flores presentó en el Congreso del Estado iniciativa para adicionar el artículo 375 al Código Penal del Estado una pena de seis meses a tres años de prisión, además de multas de hasta 500 salarios mínimos a quienes causen lesiones, daños o maltratos a personal de salud.
La reforma presentada por Omar establece claramente que esas penas se darán en contra de quien:
I. Hostigue, maltrate o menosprecie a un profesional de la salud.
II. Insulte a un profesional de la salud, o provoque escándalo.
III. Ejerza actos de violencia física contra un trabajador de la salud.
IV. Arroje contra un trabajador de la salud, o contra un bien de utilidad de la salud, elementos de cualquier naturaleza.
V. Ingrese sin autorización a un establecimiento de la salud y no se retire a requerimiento del personal de vigilancia, seguridad o de salud.
VI. Perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función de salud.
En su exposición de motivos Bazán explica, que tras al brote del nuevo coronavirus COVID-19, detectado en la región china de Wuhan durante el mes de diciembre y que, hasta la fecha de hoy, ha trascendido a ser declarada pandemia por la Organización Mundial de Salud (OMS), hasta el momento no se han considerado las medidas para proteger al personal de salud de la psicosis y la paranoilla que pueda afectar a la población por la desinformación que existe en los medios de comunicación sobre la pandemia que nos acoge.
Se han presentado situaciones donde el personal de salud es señalado como foco de infección de este virus por estar al contacto con pacientes sospechosos de tener esta enfermedad y con infectados de covid-19 por lo que están siendo agredidos físicamente y/o verbalmente por algunos ciudadanos.
Entiéndase que se habla de Profesionales de la Salud al hablar de los trabajadores que se desempeñan como médicos, enfermeras (os), químicos, laboratoristas y profesiones similares en el área del sector salud, que estén desempeñando sus servicios en clínicas o nosocomios del sector público o privado.
Debido a lo anterior es que se manifiestan temerosos de que estas represarías puedan pasar a mayores consecuencias o que dejen un daño a su integridad a sus pertenencias o quienes le rodean.
Se gesta el temor de que al acudir al servicio o salir de este, con su uniforme, sean blanco de algún ataque.
Es de suma importancia que el personal médico día con día en esta contingencia de salud estén concentrados en salvaguardar la vida de sus pacientes y no tener que distraer su atención a protegerse de quienes los ven como un peligro y un medio de infección.
No debemos de permitir que también el personal de salud sea perjudicado y discriminado por la sociedad en esta crisis de salud al negarle servicios públicos como el transporte o negarles algún servicio privado por ir uniformados y estos temer a ser contagiados por el coronavirus.
No se está valorando dan gran labor de los profesionales de la salud quienes se ven en la necesidad de salir vestidos como civiles a la calle para no ser agredidos por alguna persona o discriminados por algún servidor público negándoles el servicio.
El grado de estos ataques se irá incrementando y empeorando conforme la crisis se convierta en un caos en el Estado.
Motivo por el cual pide se castigue con toda la severidad posible cualquier ataque de esa naturaleza.
