Héctor Hugo Pérez Robles quien fuera contratado por el gobierno de Javier Corral como administrador de los ranchos que le incautaron al exgobernador César Duarte Jáquez, publica una segunda carta abierta dirigida al gobernador del estado en donde le exige el pago de su sueldo convenido y establecido en varios contratos y además señala que diversos funcionarios estatales en especial Eduardo Fernández le ha mentido al gobernador cuando califica de abuso la cantidad convenida en sus contratos.
El ganadero fue contratado en Octubre del 2018, para hacerse cargo de las propiedades incautadas y bajo juicio de César Duarte Jáquez, “contrató que firme sin acudir con un abogado, fui solo”, dice y ahora señala que cuando afirman que es un abuso las cantidades ahí establecidas, “es pretender hacer creer que un ranchero solo pudo engañar a todos los funcionarios estatales y más de 40 abogados que elaboraron ese contrato”.
Con esa nueva carta publicada en medios impresos, el ganadero deja en claro que además de pleitos internos entre funcionarios, hay una ineficiencia absoluta en la materia por parte del gobierno que encabeza Javier Corral Jurado.
Incluso el ganadero lanza el reto de que se puede revisar el “precio mercado” que hay para el cuidado y mantenimiento del ato ganadero y de una cierta nogalera y en caso de que lo que él cobra esté por arriba de esas cantidades, él ofrece ajustarse al precio que marque un peritaje autónomo.
De esta forma el pleito de Héctor Hugo Pérez Robles para conseguir que el gobierno del Estado le pague las cantidades establecidas en contratos firmados por funcionarios estatales continua sin solución.
Y más importante que ello, resulta se que el ganadero sostiene en su carta que hay cifras que no tienen que ver con la realidad y que no es cierto que él recibió esos ranchos con 4 mil cabezas de ganado y le dice al gobernador Javier Corral Jurado, que revise los informes que él presentó ante la propia Fiscalía General del Estado, al momento de hacerse cargo de esas propiedades y los subsecuentes.
Incluso Pérez Robles, detalla que cuando la Fiscalía se negó a recibir sus informes, los depositó ante un juzgado civil.
Así que le queda a la autoridad estatal la obligación de hacer públicos esos informes y detallar tanto la situación real en la que encontraron ellos esos ranchos y esas nogaleras el día que las incautaron, en que situación estaban el día que se las entregaron en custodia y administración a Héctor Hugo Pérez Robles y la situación que guardan al día de hoy.
En caso de que existan diferencias substanciales en esos números, la autoridad estatal deberá de iniciar sendos procesos penales en contra de los encargados legales de esas propiedades, que ha saber sería la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Hacienda y otros que al incautar adquirieron la obligación legal de velar por las mismas.
Ya por ultimo el ganadero sostiene que en caso de que no se resuelva su situación contractual y le liquiden el adeudo que tienen con él, seguirá publicando cartas abiertas y dando más información sobre el tema.
