Informa Consejería Jurídica sobre denuncia administrativa presentada en la Secretaría de la Función Pública en contra del subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, por el uso abusivo de sus facultades y funciones
“La seguridad pública no puede ser capricho de nadie, de ninguna autoridad y es por eso que se hacen estas acciones, para que la Suprema Corte sea quien regrese a estas autoridades, que de manera unilateral, arbitraria e ilegal, se retiraron de la coordinación de la mesa de seguridad”, destaca consejero
La Controversia Constitucional presentada por Chihuahua ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de seguridad, busca revertir la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador y del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, que llevó al retiro de las fuerzas federales de la Mesa de Coordinación estatal, señaló el consejero Jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés.
Espinoza Cortés informó que también se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México, en contra del subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Berdeja, por el uso abusivo de sus facultades y funciones.
Explicó que Mejía Berdeja, de manera arbitraria y sin respetar los principios de ética que deben regir a un funcionario, hizo señalamientos públicos sin fundamento ni evidencia, en los cuales vincula al gobernador con organizaciones del crimen organizado, por lo cual tendrá que ser investigado, ya que nadie puede hacer un uso abusivo de funciones.
“Estamos solicitando se le suspenda de manera inmediata, para que se puedan realizar las investigaciones y una inhabilitación de hasta 10 años en el ejercicio público”, agregó el consejero.
El funcionario estatal recordó que el Gobierno de Chihuahua presentó la Controversia Constitucional el 4 de noviembre de 2020 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Secretaría General de Acuerdos de la institución, registró la demanda bajo el número de expediente 180/2020.
Dijo que está pendiente la determinación del ministro instructor que lleva el caso.
“La seguridad pública no puede ser capricho de nadie, de ninguna autoridad y es por eso que se hacen estas acciones, para hacer que la Suprema Corte sea quien regrese a estas autoridades que de manera unilateral, arbitraria e ilegal, se retiraron de la coordinación de la mesa de seguridad, poniendo en juego la seguridad de todos los chihuahuenses en su vida y en su patrimonio”, expresó el funcionaria en el programa Chihuahua Adelante.
Indicó que la instrucción del presidente de la República es violatoria del Artículo 21 de la Constitución y del Artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Jesús Mesta Fitzmaurice, coordinador ejecutivo de Gabinete y conductor de Chihuahua Adelante, destacó: “el tema de seguridad no pueden entrar en la arena política, ni estar en medio de disputas entre los poderes; es una cuestión legal y obligatoria, en la que todos los poderes y todos los gobiernos deben de trabajar de manera conjunta”.
El titular de la Consejería Jurídica, Jorge Espinoza Cortés, señaló que el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de los Estados y de los Municipios, los cuales deben coordinarse, en los términos señalados por la ley, para fijar un sistema nacional de seguridad pública”.
Agregó la decisión de retirarse también violenta el Artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dispone la obligación de la coordinación entre Federación y Estado.
Al mismo tiempo, explicó, la coordinación comprende el suministro, intercambio y sistematización de todo tipo de información sobre seguridad pública, acciones policiales conjuntas, en los términos del Artículo 5o. de esta ley.
Otras acciones conjuntas son el fomento de la cultura de prevención de infracciones y delitos, así como las actividades necesarias para incrementar la eficacia de las medidas tendientes a alcanzar los fines de la seguridad pública.
El funcionario expuso que el objetivo primordial de la demanda es declarar inválido el ordenamiento de la Presidencia de México y obligar al Gobierno Federal a sentarse de nuevo en la Mesa de Seguridad.
Consideró que existe evidencia contundente de que las declaraciones del presidente de la República y del subsecretario de Seguridad Federal Ricardo Mejía Berdeja, politizaron el contexto de la seguridad en el estado.
