El titular del Departamento de Carreteras de Cuota, Juan Blanco, informó que hasta el momento no se ha autorizado el incremento en las tarifas de las casetas de peaje, pese a que la solicitud correspondiente fue presentada desde diciembre del año pasado ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
El funcionario explicó que el ajuste solicitado contempla únicamente el factor inflacionario y que todavía no se cuenta con una resolución por parte de la autoridad federal. “Nosotros hacemos una solicitud en base a la inflación a la SCT. Ya hicimos la petición desde diciembre del año pasado y ellos no nos han resuelto todavía cuál va a ser el incremento”, indicó.
Precisó que el incremento proyectado sería exclusivamente por inflación, estimada en alrededor de 3.8 por ciento, ya que otros conceptos, como el impuesto universitario del 4 por ciento, ya se encuentran integrados en el cobro actual. Aclaró que dicho impuesto no representa un cargo nuevo y que su cálculo se realiza por separado para evitar un efecto acumulativo.
Juan Blanco detalló que el procedimiento consiste en aplicar primero el ajuste inflacionario y posteriormente calcular el 4 por ciento correspondiente, el cual ya se cobra de manera regular. “Ese cobro ya está, no es nuevo, está por separado para que no se haga una cascada”, explicó, al comparar el esquema con el cálculo del IVA que se aplicaba anteriormente.
Indicó que la dependencia esperaba contar con una respuesta a partir del 1 de enero, aunque señaló que el retraso podría estar relacionado con el periodo de inactividad en dependencias federales durante los primeros días del año. Añadió que se prevé que la operación federal se normalice en los próximos días y se emita una resolución.
Finalmente, recordó que históricamente el ajuste inflacionario en las cuotas se ha autorizado de manera regular durante más de 30 años en el fideicomiso carretero del estado, con excepción de 2024, cuando no se aplicó el incremento. Subrayó que la autorización no depende del Gobierno del Estado y que la decisión final corresponde a la autoridad federal.
