La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo en total 11 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios federales, un exrector, y supuestos accionistas de empresas fantasma, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Esto como parte de las investigaciones por los desvíos de recursos registrados en la Sedesol y Sedatu bajo el esquema de la llamada Estafa Maestra.
Entre esas ordenes de captura se emitió una en contra de Rosario Robles quien ya está presa y que se espera que esta semana se le notifique oficialmente a ella y a sus abogados de ese nuevo proceso en su contra.
Otra de esas rondes es contra Simón Pedro de León Mojarro, quien fuera el coordinador de delegaciones estatales de Sedesol, y quién se encuentra prófugo.
Dos ordenes que ya se cumplimentaron son las de Luis Antonio “N”, presunto accionista de una de las empresas fachada a la que se habrían transferido recursos presuntamente desviados, y María de la Luz “N”, exdirectora General Adjunta de Integración de Padrones de Sedesol.
Luis Antonio fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, Estado de México, mientras que María de la luz fue ingresada al Centro Federal de Readaptación Social número 16 Femenil en el estado de Morelos. En los próximos días se definirá su situación jurídica.
Entre las otras personas que cuentan con una orden de aprehensión por cumplimentar, de acuerdo con lo informado por autoridades federales, está el exrector de la Universidad de Morelos Jesús Alejandro Vera Jiménez, y quien hace unos meses fue vinculado a proceso por pecualdo , en un caso que lleva la fiscalía de ese estado.
Las 11 órdenes de aprehensión fueron solicitadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR como parte de la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 que tiene en integración.
Dicha carpeta se inició a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentada en agosto de 2019, y se ha complementado con la revisión de al menos uno de los convenios que la Sedesol firmó el sexenio pasado, y que forman parte del esquema descrito en La Estafa Maestra.
Pese a que en la denuncia de la UIF se identificó a Emilio Zebadúa, el exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, y a sus hermanos con gastos no acordes a sus ingresos, pues presentan compras por más de 200 millones de pesos, no hay ordenes de aprehensión en su contra. Esto se deba a que Zebadúa ha iniciado una negociación con la FGR para volverse un testigo colaborador a cambio de no ser procesado.
La hipótesis que la SEIDO presentó ante el juez para obtener los referidos mandamientos judiciales es que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría del Bienestar) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) participaron en un esquema de presuntos desvíos de recursos públicos en colusión con universidades y organismos estatales. Todo ello aprovechando que para estos casos la Ley de Adquisiciones permitía exceptuar una licitación.
Dichos recursos fueron transferidos luego por las universidades hacia empresas factureras con la finalidad de ir ocultando su origen. En su denuncia, la UIF identificó incluso salidas de dinero en un mismo día desde las mencionadas secretarías a otras cuentas bancarias que, a su vez, lo transfirieron a varias más. Se trata de movimientos inusuales que permiten presumir un esquema de desvío de recursos y lavado de dinero.
Para la unidad que encabeza Santiago Nieto, el rol de Zebadúa es central pues era el Oficial Mayor de las dependencias, el apoderado legal de las cuentas oficiales, y responsable de las áreas de adquisiciones. Ello además de los movimientos inexplicables de recursos identificados en su entorno personal. En el caso de Robles, se le responsabiliza por ser la titular de las dependencias de donde salió el dinero.
Información Anual Político.
